La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse un nuevo escándalo que involucra a 44 de sus efectivos. Estos agentes, entre los que figuran comandantes y suboficiales, están siendo investigados por la desaparición de 78 armas de fuego que debían ser entregadas a la Superintendencia Nacional de Armas y Municiones (SUCAMEC). Sin embargo, los registros oficiales no muestran rastro de estas armas, y su paradero sigue siendo un misterio.
El caso ha encendido las alarmas, ya que las armas incautadas a delincuentes durante operativos policiales podrían haber regresado al mercado ilegal. La Inspectoría de la PNP ya inició un proceso disciplinario, pero la investigación avanza a paso lento, dejando más preguntas que respuestas.
Según documentos obtenidos por Latina Noticias, las armas desaparecieron entre 2021 y 2023 en el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Comas. Entre las armas faltantes hay escopetas artesanales, pistolas de fogueo, de gas e incluso réplicas de armas de fuego. A pesar de que la normativa exige su destrucción, nunca llegaron a SUCAMEC.
La investigación ha revelado que las irregularidades coinciden con el paso de distintos comandantes por la unidad. Entre los principales investigados destacan Jesús Milla Moreno (2021), Jorge Gálvez Bedrillana (2022), David Carranza Veramendi (2020) y César Taira Flor (2023). Cada uno está vinculado a la desaparición de decenas de armas, lo que evidencia un patrón preocupante.
Siguen en servicio
A pesar de la gravedad del caso, los 44 agentes investigados continúan en servicio activo. La PNP decidió reubicarlos en otras unidades, alejándolos del DEPINCRI Comas mientras avanza la investigación. Sin embargo, ninguno ha presentado documentos que aclaren el destino de las armas desaparecidas, lo que dificulta el proceso.
El caso ha sido clasificado como “complejo” por la Inspectoría de la PNP, lo que sugiere que la investigación podría prolongarse. Con un plazo de prescripción de cinco años, de los cuales ya han transcurrido dos, el reloj corre en contra de la justicia. Mientras tanto, la incertidumbre sobre las posibles sanciones y el impacto en la seguridad ciudadana sigue creciendo.
