La reciente designación de Wilfredo Portilla Barrera como director general de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas ha generado controversia, debido a sus antecedentes como exminero informal y su vínculo con una empresa que mantiene deudas con el Estado, en un contexto crítico para el control de la minería ilegal en el país.
Wilfredo Portilla Barrera, excluido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por no cumplir los requisitos exigidos, fue designado como director general de la Dirección General de Formalización Minera del Minem, instancia encargada de conducir el proceso de formalización del sector. El funcionario registró dos derechos mineros informales en la provincia de Canta, Lima, concluidos en julio de 2025, cuando se dio por finalizado el proceso para miles de titulares suspendidos.
Portilla Barrera reconoció que en 2012 inició un proyecto de pequeña minería que fue posteriormente cancelado y cuyos derechos caducaron por falta de pago. Pese a este antecedente, el Minem sostiene que cumple con los requisitos legales para el cargo y que no existirían conflictos de interés, por lo que ahora tendrá a su cargo la formulación de lineamientos, políticas y la nueva Ley MAPE, además de la coordinación con los gobiernos regionales.
A ello se suma su vínculo con la empresa Servicios de Ingeniería de Minas Asociadas S.A.C., dedicada a actividades de apoyo a la explotación minera, la cual gerenció durante varios años y que figura como no habida desde 2009. Esta empresa mantiene deudas coactivas con el tesoro público, la ONP y EsSalud por cerca de 70 mil soles, situación que incrementa los cuestionamientos sobre la seriedad del gobierno frente al avance de la minería ilegal.
