La Rinconada volvió a colocarse en el ojo de la tormenta. La suspensión de actividades desde el 3 de octubre desató el hartazgo de miles de mineros que viven de la extracción de oro a más de 5.000 metros de altura. Tras semanas de incertidumbre, un ultimátum retumba entre socavones y campamentos: si la Central de Cooperativas Rinconada y Lunar de Oro no reactiva las operaciones, ellos mismos retomarán la explotación, aun a riesgo de ingresar “a la mala” a las bocaminas.
La advertencia la lanzó el dirigente José Antonio Quispe, quien recordó que el sistema de trabajo en la zona siempre se basó en la compensación: tres días para los contratistas y dos días de usufructo para los propios mineros. Pero la paralización, originada por la falta de seguridad, golpea directamente los bolsillos de quienes dependen del yacimiento. La paciencia se agota y la presión crece entre quienes temen que la inactividad se extienda por semanas.
El conflicto arrastra un episodio de violencia reciente. El 26 de noviembre, un enfrentamiento entre trabajadores y personal de seguridad dejó un muerto por impacto de bala, un herido por arma de fuego y maquinaria incendiada. La gresca ocurrió en la planta de tratamiento de minerales de Lunar de Oro y marcó un punto de quiebre para la comunidad minera, que desde entonces mantiene rodeadas las instalaciones. Aunque la Policía custodia el área, la presencia de unas 20.000 personas involucradas directa o indirectamente en la actividad minera ha desbordado cualquier intento de control.
Desde el lado empresarial, el presidente de las cooperativas, Raúl Carita Chuchullo, advierte que no existen condiciones para reiniciar labores. Afirma que las bocaminas abiertas de manera ilegal, que funcionan como rutas de entrada y salida para delincuentes, representan un riesgo insalvable y deben cerrarse antes de considerar cualquier reactivación. Mientras tanto, las autoridades regionales apuntan responsabilidades. El gobernador Richard Hancco acusa a los representantes de la mina de ausentarse en reiteradas reuniones técnicas, lo que, asegura, ha impedido avanzar hacia una solución.
La autoridad sectorial también dejó clara su posición. Edwin Chambilla Palomino, director de Minas de Puno, señaló que la decisión final recae en la empresa, pues la institución no tiene competencia para ordenar el reinicio de operaciones. Frente a esta cadena de obstáculos, los mineros insisten en que su reclamo no tiene vuelta atrás. “El hambre y el trabajo no esperan”, remarcó Quispe, dejando en el aire una advertencia tan cruda como urgente en un territorio donde la tensión puede convertirse en estallido en cualquier momento.
