Grimaldo Rodríguez Rojas, un taxista con discapacidad para caminar, sufrió un violento ataque cuando un pasajero lo apuñaló seis veces después de robarle más de S/ 170, parte de su ganancia diaria. La Policía Nacional detuvo al agresor en flagrancia, pero el fiscal a cargo del caso ordenó su liberación al día siguiente.
El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado. El agresor hirió al taxista en el pecho, el hombro y la pierna, provocándole lesiones graves que comprometen su pulmón derecho. A pesar de sus heridas, Rodríguez logró conducir hasta la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, donde entregó al agresor a la Policía. Entre las pertenencias del atacante, los agentes encontraron el cuchillo utilizado en la agresión.
El agresor abordó el taxi en compañía de dos personas transexuales a la altura del Malecón Dolores con dirección a una discoteca del bulevar Dolores. Minutos antes de llegar a su destino, las dos personas que viajaban en el asiento trasero descendieron del vehículo llevándose el dinero robado del taxista. Al darse cuenta del robo, Rodríguez reclamó a la persona que permanecía en el asiento del copiloto, quien reaccionó agrediéndolo brutalmente.
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La Fiscalía argumentó que no encontró arraigo suficiente para mantener detenido al atacante y justificó su liberación. Sin embargo, vecinos y familiares del taxista denunciaron que las autoridades ignoraron la gravedad del delito, el historial del agresor y las pruebas evidentes de los delitos de robo e intento de homicidio.
Desde 2017, Rodríguez depende exclusivamente del taxi para mantener a su familia, debido a su discapacidad. Tras el ataque, quedó incapacitado para trabajar mientras se recupera de las graves heridas, lo que agrava su situación de vulnerabilidad. Y pone en evidencia la ineficacia del sistema judicial para proteger a las víctimas.
Con 42 años de trayectoria laboral, Rodríguez solicitó la intervención del fiscal superior para revisar el caso. Y garantizar una sanción justa y proporcional a la gravedad del delito. Su caso refleja un vacío en la protección legal hacia las personas vulnerables.
Este hecho plantea serias interrogantes sobre el manejo de la justicia en el país, destacando la urgente necesidad de reformar los procedimientos legales para garantizar un verdadero acceso a la justicia. Aunque Rodríguez ya recibió el alta médica, la indignación persiste. El taxista y su entorno exigen que el agresor sea sancionado conforme a la ley.
