La presidenta y su primer ministro, Gustavo Adrianzén, registran niveles récord de desaprobación, según Datum. El descontento ciudadano refleja la crisis de legitimidad del actual gobierno.
Según la última encuesta de Datum, la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte alcanzó un alarmante 94 %, mientras que su aprobación se desplomó al 3 %. Estos datos no solo confirman la pérdida de confianza de la ciudadanía, sino que también representan un récord histórico negativo para su gobierno.
El rechazo a Boluarte se refleja de manera uniforme en todos los sectores socioeconómicos. Desde el A/B hasta el E, la desaprobación supera el 90 %, evidenciando que el descontento es generalizado. Asimismo, en Lima/Callao y las regiones del norte, centro, sur y oriente, las cifras son igualmente preocupantes, marcando un profundo desencanto nacional.
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Bajo respaldo
El primer ministro Gustavo Adrianzén también enfrenta una crisis de confianza, con una desaprobación del 81 % y apenas un 6 % de aprobación. Según la encuesta, ningún titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había registrado niveles tan bajos en más de una década, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del actual gabinete.
El ministro de Economía, José Arista, no escapa de esta tendencia. Su desaprobación creció al 75 %, mientras que su aprobación quedó en un escaso 10 %. Esta falta de respaldo podría complicar aún más la implementación de políticas económicas en un contexto ya desafiante para el país.
La encuesta también evidencia una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de justicia y seguridad. Ocho de cada diez peruanos no confían en fiscales, y siete de cada diez desconfían de jueces y policías. Este panorama refuerza la percepción de una crisis institucional profunda que trasciende al Ejecutivo.
Realizada entre el 7 y el 11 de noviembre, la encuesta de Datum no solo refleja el rechazo a los líderes políticos actuales, sino también la urgencia de reformas estructurales. En un contexto donde el descontento es transversal, las autoridades enfrentan el reto de recuperar la confianza ciudadana y superar el descrédito que define a su gestión.
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