El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha permitido que cuatro proyectos de inversión pública por un valor total actualizado de S/ 41 millones 967 mil 170.74 se encaminen a la desactivación definitiva. Esto frustra obras cruciales de infraestructura y servicios largamente esperadas por la población. Un Informe de Acción de Oficio Posterior N° 13244-2025-CG/PREV-AOP, emitido por la Contraloría General de la República, puso en evidencia está grave omisión administrativa que ya tiene consecuencias sociales y económicas directas.
La principal falla identificada por la entidad contralora radica en la omisión administrativa en la fase de ejecución. Y es que el Gobierno Regional Arequipa no logró registrar los expedientes técnicos o documentos equivalentes de estos proyectos en el Banco de Inversiones (BI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dentro del plazo normativo.
De la revisión efectuada a la base de datos del MEF, se constató que estos proyectos, declarados viables durante el año 2022, perdieron su condición al transcurrir el 100 % del plazo de vigencia establecido por la norma. El mismo que culminó en el año 2025. Esta negligencia tiene consecuencias directas y perjudiciales.
Y es que se limitó la continuidad del ciclo de inversión y se desaprovecharon los recursos públicos ya invertidos en la formulación de los estudios. Pero lo más crítico, se posterga indefinidamente el cierre de brechas y la atención de servicios esenciales para la población de Arequipa.
Desde cero
El informe de la entidad explica que la ejecución de proyectos en el Estado Peruano se rige por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). El mismo que consta de cuatro fases: Programación Multianual, Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento. El objetivo de este sistema es asegurar que los recursos públicos se usen de manera eficiente y transparente, buscando cerrar las brechas de infraestructura y servicios.
En este caso, el incumplimiento se materializa en la fase de ejecución, que es donde se debe elaborar e iniciar la ejecución del expediente técnico o documento equivalente. Este debe ser registrado en el Banco de Inversiones. La normativa establece que la declaratoria de viabilidad de los proyectos de inversión tiene una vigencia de tres (3) años contados desde su registro en el BI. Al no iniciar esta fase a tiempo, la viabilidad se pierde automáticamente, y los proyectos quedan sujetos a desactivación.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cierre de estos proyectos es definitivo. Una vez desactivados, se anula cualquier opción de continuidad, obligando a las entidades a reiniciar el ciclo de inversión desde la fase de formulación. Es decir, reiniciar todo desde cero, aún cuando ya se invirtieron millones de soles para los perfiles.
El contexto es especialmente sensible dado que la omisión ocurre en una región donde el 15.80 % de la población se encuentra en condición de pobreza monetaria, según el informe técnico de Evolución de la Pobreza Monetaria 2015-2024 del INEI.
Proyectos afectados
La parálisis administrativa impacta directamente en cuatro sectores vitales para la región. En principio, el proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios del centro de salud Ccota Ccota del distrito de Tisco, provincia de Caylloma”, enfocado en la función salud y valorado en S/ 4 millones 959 mil 197.48, es uno de los primeros en perder su vigencia. Esto al haber cumplido su plazo el 4 de mayo de 2025.
En el sector agropecuario se registra otro perjuicio considerable. El proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para riego en la localidad de Yanque, distrito de Chichas, provincia de Condesuyos”, con un presupuesto de S/ 6 millones 275 mil 845.72, venció el 27 de abril de 2025. Esta inversión, crucial para potenciar la productividad de riego ahora queda estancada, afectando directamente a los pequeños y medianos agricultores que dependen de la acción estatal para el desarrollo de sus actividades.
El proyecto más costoso que se dirige a la desactivación hace referencia a la obra identificada como “Mejoramiento del servicio de administración de justicia en los órganos jurisdiccionales del módulo judicial de Islay, distrito de Mollendo, provincia de Islay”. Con un presupuesto de S/ 17 millones 111 mil 505.46, perdió su viabilidad el 29 de septiembre de 2025. Esta paralización representa un golpe a la mejora de la infraestructura para servicios judiciales o de acceso a la justicia, y es la inversión individual más grande que el Gobierno Regional Arequipa ha dejado en el limbo.
Finalmente, el sector educación también sufre el impacto de la inacción. El proyecto denominado “Mejoramiento del servicio educativo del nivel superior del conservatorio regional de música Luis Duncker Lavalle, en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa”, destinado a la mejora de servicios educativos con una asignación de S/ 13 millones 620 mil 622.08, perdió su condición de viable el 6 de junio de 2025.
Dejar vencer proyectos por S/41.9 millones —destinados a cerrar brechas en salud, educación y justicia— por la simple omisión de un trámite registral es un acto de irresponsabilidad institucional con consecuencias que trascienden lo económico. No solo se han desperdiciado los recursos ya invertidos en los estudios de preinversión, sino que se ha impuesto un costo de oportunidad incalculable sobre la población que seguirá esperando servicios básicos.
