Para el término de su gestión, el gobernador Rohel Sánchez Sánchez había prometido entregar tres megaproyectos viales que marcarían un antes y un después en la región: Majes — Huambo, Jachaña — Cayarani y Cabrerias — Pampa Cañahuas, pero ninguna está a punto de concretarse y, para colmo, avanzan con graves fallas.
La primera obra se ejecuta sin supervisión externa y con riesgos de calidad; la segunda, permanece paralizada por la resolución del contrato con la empresa contratista y la tercera —que se encuentre en etapa de elaboración de expediente técnico— ya tiene múltiples observaciones que comprometen su viabilidad.
La obra en cuestión busca mejorar la transitabilidad en la carretera AR-116 (Cabrerias — Pampa Cañahuas). Su inversión supera los 197 millones de soles, incluye el costo de la obra y elaboración del expediente técnico, y es ejecutado por el Consorcio Vial Yura, integrado por Levon South América S.A. Sucursal del Perú, CIA Inmobiliaria Montenegro S.A.C. y el ingeniero Ciro Alegría Alvarón.
Expediente mal hecho
Aunque todavía no se iniciaron los trabajos físicos, el proyecto ya presenta fallas en el expediente técnico. Sucede que la Contraloría General de la República (CGR), a través del Informe de Hito de Control N° 13337-2025-CG/GRAR-SCC, reveló que el expediente presenta “incompatibilidades en las especificaciones técnicas, el estudio de canteras, botaderos, diseño de estructuras y obras de arte”, además de omisiones importantes en estudios ambientales, de tráfico y de pavimento.
Uno de los hallazgos más relevantes es la falta de coherencia entre los planos estructurales y las especificaciones de drenaje. Mientras los planos indican el uso de geotextiles (telas impermeables) para los muros de contención, las especificaciones mencionan un material distinto. Esto podría generar fallas en la evacuación del agua subterránea y afectar la estabilidad de las estructuras.
Asimismo, el ente de control detectó que los parámetros de mecánica de suelos utilizados en el diseño de los muros de contención no coinciden con los resultados reales de los ensayos de laboratorio. Es decir, al momento de diseñar los muros de contención, los ingenieros usaron datos del suelo que no eran los mismos que los obtenidos en los análisis reales de laboratorio, lo que podría provocar un sobredimensionamiento o subdimensionamiento de las estructuras, comprometiendo su seguridad.
El informe también revela que el privado (Consorcio Vial Yura) no presentó la información completa sobre los estudios socioambientales exigidos en los términos de referencia. Entre los documentos ausentes figuran el padrón de predios afectados, el plan de compensaciones y el plan de contingencia para la reposición de daños en zonas agrícolas, acequias y muros de andenería.
Fallas graves
En cuanto al manejo ambiental, la unidad contralora señala que el estudio de botaderos —lugares donde se depositan los materiales sobrantes de la obra— carece de levantamiento topográfico, delimitación de áreas y autorizaciones ambientales, incumpliendo el Reglamento de Protección Ambiental del sector Transportes.
Otra observación identificada es la omisión de datos en el estudio de tráfico. Según el manual de carreteras, este análisis debe incluir encuestas de origen-destino, conteo vehicular y censos de carga, los cuales son fundamentales para definir el diseño geométrico y estructural de la vía.
El Manual de Diseño exige que el censo de carga se realice durante cuatro días, cubriendo turnos de día y de noche, con un mínimo de 12 horas diarias. No obstante, El contratista solo adjuntó el sustento del «Turno Día» realizado en tres días. Al carecer de datos, los parámetros de diseño del pavimento y la clasificación de la vía podrían ser incorrectos. Esto, en términos sencillos, significa que la carretera construida podría no tener la resistencia adecuada para soportar el flujo real de camiones y buses.
En riesgo
También se evidenciaron fallas en la descripción del control de calidad de los materiales y procedimientos constructivos. Por ejemplo, no se detallan los ensayos de deflexión y compactación de las capas de la vía, ni las condiciones de pago vinculadas a la verificación de esos resultados.
El ente de control menciona, además, inconsistencias en el presupuesto y metrados, los cuales no siguen la codificación establecida por el manual técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta falta de uniformidad podría dificultar la fiscalización de los costos y el control de los avances de obra. Además, el mal cálculo con respecto a la cantidad de trabajo o el costo del proyecto, afecta el uso del dinero público y puede abrir la puerta a pagos indebidos o sobrevaloraciones.
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A pesar de que el proyecto aún no inicia su fase de construcción, las advertencias de la Contraloría ponen en evidencia deficiencias en la supervisión técnica del GRA, entidad que aprobó el primer entregable pese a los vacíos detectados. De prosperar, el proyecto corre riesgo de tener sobrecostos, errores y paralizaciones.
