El escándalo por la reciente sentencia contra el exjefe de Logística del Gobierno Regional de Arequipa, Leyder Riveros Pariona —hoy prófugo de la justicia— parece no importarle al gerente general, Berly Gonzáles Arias. Lejos de asumir la gravedad de que un funcionario de confianza termine condenado por corrupción, optó por justificar su designación y, de paso, defender a cualquiera que cargue con investigaciones fiscales o cuestionamientos éticos.
No importa el prontuario
El mensaje del funcionario fue claro: mientras la ley no los inhabilite, tienen luz verde para ocupar un cargo público, aun cuando la sombra de la corrupción los persiga. “Nadie está libre de investigaciones. El funcionario público permanentemente está siendo investigado, permanentemente es materia de situaciones que puedan merituar procesos judiciales y una posible sentencia”, declaró en un primer momento.
Con este argumento, el funcionario redujo la relevancia de los antecedentes judiciales de quienes asumen cargos de confianza en el Gobierno Regional. Según su lectura, mientras no exista inhabilitación expresa, cualquier persona puede ser contratada, sin importar el peso de los cuestionamientos que arrastre.
“En tanto no se encuentre inhabilitado, puede ser designado. Tenemos una ley de idoneidad, si no están impedidos, están en condiciones de ser designados”, remarcó. De este modo, respaldó a cualquier funcionario cuestionado, bajo el pretexto de que “cumpla con el perfil” que exige el cargo.
Respalda a Solís
Este razonamiento revela una peligrosa laxitud en los criterios de selección de personal. Más aún cuando se trata de áreas sensibles como Logística, donde se manejan contratos millonarios y procesos altamente expuestos a irregularidades. El caso de Riveros Pariona, quien pasó de jefe de oficina a prófugo de la justicia, es una muestra clara de los riesgos de contratar personal sin filtros éticos.
Al ser consultado sobre la situación del actual jefe de Logística, Alexander Javier Solís Montesinos, también respaldó su nombramiento. Aunque aseguró que no está siendo investigado por el Ministerio Público, sí reconoció que Contraloría le observó por contratar a la madre de sus hijos cuando trabajaba en la Municipalidad de Picota. Un hecho que, bajo estándares mínimos de ética, debería ser suficiente para poner en duda su permanencia en el cargo.
Queda claro que, en lugar de prevenir, se espera a que la justicia sancione, cuando el daño institucional se consuma y la confianza de los ciudadanos está por los suelos. En la práctica, se termina normalizando la presencia de funcionarios con historiales oscuros en la administración pública.
