El Ejecutivo reafirma su decisión de impulsar el proyecto cuprífero Tía María en la provincia de Islay. En declaraciones a Radio Yaraví, el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, sostuvo que la ausencia de “licencia social” no debe ser un impedimento para ejecutar una obra de “interés nacional”. “Tenemos que pensar en el desarrollo del país”, afirmó.
La posición del Gobierno no es nueva. En julio de 2024, la presidenta Dina Boluarte ya había anunciado en su mensaje a la Nación que Tía María era una de las apuestas clave de su gestión. Esta vez, el mensaje llega con mayor énfasis: “Estamos en una circunstancia importante. Este impulso a la inversión nos permitirá liderar en la producción de cobre”, añadió Ibarra, aludiendo a que el Perú ocupa actualmente el segundo lugar mundial.
Como se recuerda Miguel Meza, dirigente del valle, aseguró que la intención de sacar adelante el proyecto es una “declaratoria de guerra”. En su momento sostuvo que el 97 % de la población rechaza el proyecto y advirtió que no permitirán su ejecución. “El Ministerio de Energía y Minas nos ha declarado la guerra”, afirmó la semana pasada.
Pese al rechazo, Ibarra señaló que el Gobierno está “abierto al diálogo” y que ya han sostenido reuniones con autoridades locales, incluyendo al alcalde de Cocachacra y a juntas de regantes. Sin embargo, no confirmó una visita a la zona para dialogar con la población.
“El ministro está evaluando viajar”, dijo, sin dar fechas ni condiciones. Mientras tanto, en el valle crece la desconfianza. La confrontación entre la inversión minera y el rechazo social vuelve a encenderse, con una diferencia: esta vez, el Gobierno parece haber optado por avanzar con o sin consenso.
