Desde el lunes ningún motociclista puede llevar acompañante en Lima Metropolitana ni en la Provincia Constitucional del Callao. Así lo dispone el Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM, que amplía el estado de emergencia por 30 días. La restricción aplica a vehículos menores de las categorías L1 y L3, como motos lineales y scooters. Solo podrán circular con su conductor. El control estará a cargo de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El gobierno también ha prohibido el uso de cascos que impidan ver el rostro del conductor. La norma exige que no se usen elementos adheridos al casco que dificulten la identificación. Según el Ejecutivo, esta disposición permitirá detectar con mayor facilidad a quienes cometan delitos desde una motocicleta y facilitará el trabajo de fiscalización de las autoridades.
La medida responde a un paquete de acciones que el gobierno prepara frente al aumento de asaltos, sicariatos y robos desde motos. El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, afirmó que trabajan en una normativa más completa para enfrentar el uso del transporte menor con fines criminales. “Buscamos reforzar la fiscalización sin perjudicar a los ciudadanos que se movilizan de manera honesta”, señaló.
El Ejecutivo evitó aprobar esta norma durante el paro de transportistas del 10 de abril, pero retomó el debate en el Consejo de Ministros. Según Pérez Reyes, la presidenta Boluarte participó directamente en la discusión. Optaron por avanzar con una medida puntual mientras se define un paquete más amplio de regulaciones. Ese grupo de normas, según el MTC, incluirá entre cuatro y cinco disposiciones adicionales.
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Más allá del tránsito vehicular, la prórroga del estado de emergencia suspende derechos fundamentales. El libre tránsito queda restringido dentro de las zonas declaradas en emergencia. También se limita la libertad de reunión y se autoriza a la Policía y las Fuerzas Armadas a ingresar a domicilios sin orden judicial en caso de sospecha de delitos. Estas medidas se justifican en el objetivo de preservar la seguridad interna.
La presencia militar en las calles se ha vuelto habitual. En distintos puntos de Lima y Callao, efectivos armados realizan patrullajes y retenes. Mientras tanto, el uso de motos, ampliamente adoptado por repartidores y trabajadores informales, queda bajo la lupa del Estado.
