Un fallo sin precedentes remeció al sector farmacéutico: Indecopi confirmó que varias empresas habían coordinado durante años la manipulación de licitaciones públicas, configurando prácticas colusorias que comprometieron compras estatales críticas. La sanción, la más alta registrada hasta hoy, incluye multas para compañías, grupos económicos completos y ejecutivos involucrados, marcando un antes y un después en el control de la competencia en el mercado de medicamentos.
La resolución detalló que compañías como Medifarma, AC Farma y Droguería Sagitario participaron en coordinaciones destinadas a predeterminar resultados de licitaciones públicas. Según el expediente, estas prácticas se replicaron entre 2012 y 2017 mediante intercambios de información y acuerdos que simulaban competencia en procesos vinculados a hospitales y adquisiciones bajo los códigos SIEC SIP. Para la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, estas conductas configuraron un cartel que operó con continuidad y afectó directamente la eficiencia del gasto estatal.
El abogado Pierino Stucchi explicó a Infobae que la autoridad sostiene que las empresas “se habrían puesto de acuerdo […] para distribuirse las victorias en algunos ítems para unas y en algunos ítems para otras”. Según el especialista, las pruebas son sólidas en varios casos, aunque señaló que “sobre unas tres o cuatro empresas no tiene pruebas realmente ni sólidas ni claras ni suficientes”, advirtiendo que algunas habrían sido incluidas sin evidencia concluyente. Su estudio jurídico defendió a parte de las compañías afectadas.
Las multas suman 550 millones de soles en UIT e incluyen sanciones individuales para ejecutivos como Angélica Palomares, Juan Gabriel Apéstegui, John Mac Dowall, José Mongilardi y Nataly Llanos, con montos que fluctúan entre 99 y 587 UIT. El fallo se sustenta en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y ordena publicar el resumen de la resolución en medios nacionales. Además, la sanción alcanzó a sociedades vinculadas, extendiendo la responsabilidad a grupos económicos completos en función de su grado de participación.
El caso no está cerrado. Las empresas y personas sancionadas pueden apelar ante el Tribunal del Indecopi. Stucchi recordó que los “programas de cumplimiento funcionan”, aunque solo serán exigibles si la decisión queda firme. En una eventual apelación, se debatirá la solidez probatoria y la proporcionalidad de las multas. El expediente también registra la participación de firmas como Pereda Distribuidores, Instituto Quimioterápico y Laboratorios Americanos, documentadas en procesos del CENARES entre 2013 y 2014. El fallo busca desalentar nuevas coordinaciones que puedan distorsionar compras públicas esenciales para el sistema sanitario.
