Su cabeza ya tiene precio. El exdocente del colegio Lord Byron, Raúl John Lozano Bedoya, fue incluido oficialmente en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) tras encontrarse prófugo de la justicia. Esta inclusión se produce debido a la gravedad de los cargos. Y es que sobre él pesa una orden de captura vigente, luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva por el delito de violación sexual en agravio de una estudiante de la misma institución.
Al formar parte de la lista de “Los Más Buscados”, el Mininter ofrece una recompensa de 40 mil soles a cualquier persona que proporcione información crucial que conduzca a la detención del docente. La suma ofrecida busca impulsar la colaboración ciudadana para su captura. Especialmente considerando que la Fiscalía postuló la pena máxima en su contra: una condena de cadena perpetua
Abusó de su alumna
Este caso salió a la luz tras un informe de Revelación.pe, que expuso los detalles de este abuso que se pretendía ocultar a toda costa. De acuerdo con el parte policial al que accedió este medio en marzo de 2025, los hechos se perpetraron en el domicilio de la víctima, ubicado en una residencial del distrito de Sachaca.
Se sostiene que Lozano Bedoya habría seducido a la estudiante de 13 años, aprovechando la confianza generada por su rol como profesor. Cuando la menor se encontraba sola ingresó a su domicilio —tras manipular las cámaras de seguridad para evitar ser descubierto— y la ultrajó.
La agresión fue descubierta más de un mes después, el 24 de abril, cuando la madre de la estudiante, al revisar el teléfono móvil de su hija, encontró mensajes, fotos y videos de connotación sexual enviados por el propio docente. Además de otras imágenes del agresor capturadas dentro de las instalaciones del Lord Byron School, específicamente en la sede de Yanahuara.
Tras alertar a las autoridades, el agresor ingresó a la clandestinidad. Incluso, durante las primeras diligencias policiales, los agentes de la comisaría de Alto Selva Alegre acudieron a su domicilio con una disposición del Quinto Juzgado de Familia que disponía medidas de protección para la víctima, pero no lo encontraron.
Orden de captura
En junio, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para el docente. Esta medida fue aceptada por el Poder Judicial. No obstante, el mencionado ya se encontraba prófugo. Desde entonces las autoridades lo buscan para internarlo en el penal de Socabaya y continuar con las investigaciones.
Incluso, se había coordinado con la Interpol (Policía Internacional) para emitir alertas en otros países. Esto porque se planteaba la posibilidad de que el acusado ya no se encontrara en el Perú. En tanto, las labores de búsqueda continúan. Aunque todavía no se tiene certeza sobre su ubicación.
La Fiscalía también sostiene que los promotores de la institución facilitaron su escape. Y es que no comunicaron el caso a las autoridades educativas ni policiales. Solo optaron por separarlo de sus filas, allanándole el camino hacia la clandestinidad.
Cómplices indirectos
Las consecuencias legales se extienden a la plana administrativa del exclusivo centro educativo. El Ministerio Público también investiga a la promotora del colegio, Lidia Medina Lazo, y a otros responsables por incurrir en el presunto delito de omisión de funciones. Esto por no haber comunicado a tiempo el caso de agresión a la plataforma del Sistema Especializado en Reporte de Casos de Violencia Escolar (SISEVE).
Según la norma, cuando ocurre una agresión similar u otra de cualquier tipo, la institución está en la obligación de registrar la denuncia en la plataforma dentro de las 24 horas después de conocer los hechos. En este caso, la agresión se habría tratado de ocultar. El reporte se subió al sistema cuando era de público conocimiento.
Por esta omisión, incluso, el colegio Lord Byron afronta una investigación administrativa de la Ugel (Unidad de Gestión Educativa Local) Norte y la Gerencia Regional de Educación (GREA). La sanción podría incluir la clausura definitiva del plantel. Al momento, continúa en diligencias de una comisión especial.
