El Toro Mata: Sobre la formalización de la minería en Caravelí

 Por Arturo Montesinos Neyra. Especialista en formalización de pequeña minería y minería artesanal

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) representa una actividad económica crucial para muchas zonas rurales del Perú, especialmente en la provincia de Caravelí (Arequipa). A pesar de los esfuerzos por formalizar esta actividad mediante el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), las tasas de éxito han sido muy bajas. Lo que ha motivado la elaboración de la nueva Ley MAPE (Proyecto de Ley 9555/2024-PE), actualmente en debate en el Congreso.

Desde su creación en 2016, el REINFO buscó ordenar la minería informal ofreciendo incentivos como exoneraciones penales y fiscales, así como subsidios técnicos. Sin embargo, hasta noviembre de 2024, de un total de 87,111 mineros inscritos, solo 2,032 (2.4 %) han logrado formalizarse. Esto evidencia la ineficacia del sistema actual. En parte debido a las condiciones burocráticas y a requisitos que dependen de terceros, como los titulares de concesiones.

En este contexto, la Ley MAPE plantea reemplazar el REINFO por un nuevo registro llamado RENAPMAT, que incluiría incentivos para agilizar el proceso de formalización. Entre las medidas propuestas se contempla la exoneración de sanciones para los concesionarios que celebren acuerdos con mineros informales. Así como sanciones reducidas durante el tiempo que dure el trámite.

Entre los principales factores que han limitado la formalización figura la dependencia de los concesionarios. Los mineros artesanales necesitan contratos con los titulares de las concesiones para operar legalmente, pero muchos de estos no facilitan los acuerdos. A ello se suman obstáculos burocráticos y altos costos. Pues el REINFO impuso trámites complejos y exigencias técnicas y ambientales costosas. Lo que ha desincentivado a muchos postulantes. Además, la falta de plazos estrictos y sanciones claras permite que muchos prolonguen el proceso de manera indefinida, sin certeza de que lograrán completarlo. A esto se añade una constante confusión legal y una débil seguridad jurídica, tanto en el REINFO como en la futura RENAPMAT. Lo que genera incertidumbre entre los mineros y los potenciales inversionistas.

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Desde una mirada optimista, algunos expertos, como el exministro Herrera Descalzi, sostienen que la Ley MAPE podría incentivar a los concesionarios a formalizar acuerdos con mineros artesanales, gracias a las exoneraciones propuestas. Sin embargo, existen críticas relevantes. Organizaciones como la SNMPE y diversos especialistas advierten que la norma no resuelve los problemas estructurales. Sino, más bien, debilita los estándares ambientales, extiende plazos sin justificación, reduce los controles y abre la puerta para que la minería ilegal se escude en trámites interminables sin ser sancionada.

Aunque en Caravelí se han registrado avances concretos con varios cientos de mineros formalizados, la tasa de éxito sigue siendo baja. La nueva Ley MAPE intenta corregir algunas de estas fallas, pero presenta serias deficiencias: confunde informalidad con ilegalidad, retrocede en materia ambiental y no establece plazos firmes ni sanciones. Lo que podría agravar la brecha entre minería formal y clandestina.

Para lograr un futuro sostenible, la normativa debe establecer plazos definidos, simplificar los trámites, otorgar incentivos reales —económicos y técnicos—, fortalecer la seguridad jurídica y evitar que se consolide una privatización informal del espacio y los recursos. Además, es imprescindible preservar estándares ambientales rigurosos y garantizar que los actores informales no escapen a la responsabilidad legal. Solo así se podrá acelerar la formalización en Caravelí y en otras provincias, promoviendo un desarrollo más justo y equilibrado del sector minero.