La Justicia argentina intensificó este viernes 30 de mayo las investigaciones sobre la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, apoyada públicamente por el presidente de Argentina Javier Milei. El fiscal Eduardo Taiano solicitó solicitó el levantamiento de las comunicaciones de Milei, su familia y otros involucrados. Una medida que responde al pedido de una de las víctimas y marca un nuevo capítulo en un caso que pone en entredicho la responsabilidad política en esquemas financieros de alto riesgo.
El fiscal pidió identificar los números asociados a Javier Milei, Karina Milei y tres empresarios vinculados al lanzamiento del token. Estos son Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Además, ordenó ubicar el número de Hayden Mark Davis, el supuesto creador de la criptomoneda. Este habría mantenido al menos una reunión con el presidente argentino antes del desplome de $LIBRA.
La causa avanzó tras la solicitud de Martín Romeo, especialista en criptomonedas y uno de los querellantes en el proceso. Romeo también incluyó en su pedido el número de Julian Peh, director ejecutivo de KIP Protocol, empresa que colaboró en el desarrollo del criptoactivo. Según el expediente judicial, Peh se reunió con el presidente de Argentina en octubre de 2024. Un hecho que refuerza la tesis de una posible coordinación entre actores públicos y privados.
La promoción pública de $LIBRA por parte de Milei generó fuerte repercusión, dado que presentó la moneda como una inversión “segura y rentable” capaz de combatir la inflación. Tras las denuncias por estafa, el presidente buscó desligarse de la operación y declaró que su apoyo fue solo una opinión dentro del marco del libre mercado. No obstante, las críticas apuntan a la influencia que sus declaraciones tuvieron sobre miles de ahorristas.
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El token $LIBRA experimentó una súbita alza y un posterior derrumbe, dejando a numerosos afectados en Argentina. La fiscalía ahora rastrea comunicaciones entre los implicados para esclarecer si existió una estrategia deliberada para manipular el valor del criptoactivo. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y suma presión sobre un gobierno que ya enfrenta tensiones económicas y sociales.