La presidenta Dina Boluarte busca un aumento de sueldo que duplicaría su actual remuneración de 16 mil soles a 35 mil 568 soles mensuales. Esto según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas elaborado a solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros. La propuesta se plantea mientras más del 50% de la población peruana enfrenta inseguridad alimentaria y casi dos millones de personas viven en pobreza extrema.
Diversas voces han criticado el intento del Ejecutivo de mejorar la retribución de la jefa de Estado en un momento de fuerte crisis económica y social. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, calificó la propuesta como un despropósito y pidió al gobierno mayor empatía con la ciudadanía. “La población no está para discutir esos temas, por lo menos ahora no”, declaró a medios de comunicación. La iniciativa fue revelada pocos días después de que se confirmara el incremento de la desnutrición infantil a 12.1%. Además de la anemia a 43.7%, según cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
Jessica Huamán, decana del Consejo Regional de Lima del Colegio de Nutricionistas del Perú, criticó duramente la propuesta presidencial. Afirmó que mientras se discute una posible mejora salarial, más de la mitad del país sufre por una mala alimentación o por la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas. “El nuevo sueldo equivaldría a 139 canastas básicas, que podrían beneficiar a muchas familias vulnerables”, advirtió. Además, recordó que el Plan Multisectorial de Seguridad Alimentaria venció en 2023 y no ha sido actualizado.
El contraste con la realidad en las regiones más pobres es evidente. Las ollas comunes, por ejemplo, subsisten con apenas dos soles por ración, mientras que el alimento escolar de Qali Warma cuesta entre 4.16 y 5.78 soles. Con el nuevo sueldo propuesto para Boluarte, se podrían financiar cerca de 5,900 comidas para niños y niñas en edad escolar. Sin embargo, el gobierno no ha dado señales de priorizar estos programas ni de reforzar el sistema de salud pública. Un sector donde también faltan suplementos nutricionales y profesionales en los centros de atención primaria.
Para especialistas y ciudadanos, esta medida revela una desconexión del gobierno con la realidad que vive la mayoría de peruanos. Mientras las familias enfrentan día a día la carestía y el hambre, el Ejecutivo discute beneficios salariales para los altos funcionarios. El malestar social crece, y con él, la percepción de un Estado más preocupado por sus privilegios que por resolver los problemas urgentes de la población.
