Dina Boluarte rompió su promesa. En una audiencia realizada el 4 de abril, la presidenta del Perú pidió a la Corte Suprema que no se levante su secreto médico. Contrario a lo que dijo en un mensaje a la Nación, se negó rotundamente a entregar su historial clínico a la Fiscalía.
El Ministerio Público solicitó esa medida como parte de la investigación por una presunta cirugía estética realizada el 28 de junio de 2023. Durante la audiencia, desarrollada de forma virtual y presencial, Boluarte participó a través de Google Meet acompañada de dos abogados. Su mensaje al juez fue claro: no autorizar el acceso a su información médica.
“Esta denuncia es inconstitucional”, afirmó la mandataria. Con voz pausada y tono moderado, pidió al juez Juan Carlos Checkley que proteja su privacidad. Rechazó que se ordene a los médicos romper el secreto profesional. También negó que el procedimiento haya representado un abandono de sus funciones como presidenta.
La Fiscalía busca verificar si Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica sin informar al Congreso ni encargar el despacho presidencial. Según versiones difundidas por Cuarto Poder, la presidenta habría pedido expresamente que su operación no quedara registrada. Incluso habría retirado su propia historia clínica al ser dada de alta.
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Audios filtrados complican aún más la situación. Un colaborador del entorno médico reveló que el cirujano Javier Sánchez e Ingunza, especialista en rinoplastia, operó a la presidenta, y no Mario Cabani como se dijo inicialmente. También habló de otros procedimientos: liposucción, hilos tensores y eliminación de bolsas en los ojos.
Uno de los detalles más graves es la supuesta manipulación de documentos clínicos. En el audio, se menciona que Boluarte ordenó retirar su historia médica de la clínica Sanna para borrar cualquier rastro. De confirmarse, esa acción podría tener consecuencias penales por encubrimiento y obstrucción a la justicia.
