La contradicción salió a la luz en un frío informe médico. Aunque la presidenta Dina Boluarte aseguró que su operación respondía a un problema de salud, el cirujano plástico Mario Cabani Ravello dejó claro en la historia clínica entregada a la Fiscalía que se trató de una intervención estética. Rinoplastia, blefaroplastia, rellenos faciales e hilos de sustentación: el detalle de los procedimientos, firmado por el médico, desmiente la versión oficial. Incluso el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, admitió en Latina Noticias que esa fue la declaración del doctor, aunque insistió en que «la fiscalía determinará quién tiene la razón».
Todo comenzó cuando el Ministerio Público intentó allanar la Clínica Cabani en San Borja y la clínica Sanna. El objetivo: requisar expedientes quirúrgicos de Boluarte para esclarecer si su operación —realizada en febrero— fue estética o médica. Pero el juez Juan Carlos Checkley lo impidió. En una resolución firme, negó el allanamiento argumentando que violaría la privacidad no solo de la presidenta, sino de decenas de pacientes cuyos datos podrían ser expuestos. «No hay elementos suficientes para justificar esta medida», sentenció.
El magistrado fue más allá. Señaló que ni ministros ni exfuncionarios, incluido el entonces premier Alberto Otárola, notaron la ausencia de Boluarte durante su recuperación. ¿Cómo afectó la cirugía a sus labores presidenciales? Según el juez, en nada. Tampoco consideró relevante la compra de un equipo de magnetoterapia por parte de Palacio de Gobierno el mismo día de la operación —un gasto de 12,500 soles—, descartando que fuera prueba de irregularidades.
También te puede interesar: Dina Boluarte convoca elecciones para el 2026
Mientras tanto, el informe médico obtenido por la Fiscalía no deja dudas: la mandataria se sometió a múltiples procedimientos cosméticos bajo anestesia local. Un tabique nasal corregido, párpados rejuvenecidos y un rostro tensado con hilos. Detalles que contrastan con su mensaje a la nación, donde atribuyó la cirugía a un «tema respiratorio». La discrepancia alimenta preguntas: ¿Por qué ocultarlo? ¿Usó recursos públicos? La oposición ya exige explicaciones.
El caso revela un conflicto entre transparencia y privacidad. La Fiscalía insiste en su derecho a investigar, pero el Poder Judicial priorizó proteger datos sensibles de terceros. Mientras, Boluarte enfrenta un nuevo cuestionamiento —esta vez, sobre su imagen literal— en medio de una crisis política que no da tregua.
