Un reciente informe reveló que cuatro alcaldes de Caravelí, región Arequipa, presentan vínculos con la minería informal. Esto genera cuestionamientos sobre la transparencia en su gestión. Dos de ellos tienen inscripciones activas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo que contraviene la Ley General de Minería.
El alcalde de Cháparra, Marcos Laura Dávalos, posee cinco derechos mineros, incluido uno activo denominado «CR & RV 3». Aunque desistió del proceso de evaluación ambiental en 2023, este derecho permanece bajo la categoría de minería informal. Además, otros derechos están registrados en distritos vecinos, como Cahuacho y Quicacha.
En Huanuhuanu, Thomas Chancolla Chata, alcalde del distrito, tiene dos derechos mineros activos dentro de su jurisdicción. Uno de ellos corresponde al proyecto “La Capitana N° 2”. La simultaneidad entre su cargo público y su participación en actividades mineras genera dudas sobre su cumplimiento ético y legal.
Por su parte, los alcaldes de Atiquipa y Quicacha, Luis Alva Mendoza y Alexander Gutiérrez de la Cruz, poseen derechos mineros suspendidos. En el caso de Atiquipa, el derecho denominado “Pelicano III” fue declarado caduco por el INGEMMET debido al incumplimiento de pagos en 2022 y 2023.
Alcaldes no pueden
La Ley General de Minería establece en su artículo 32 que las autoridades políticas no pueden ejercer actividades mineras en sus jurisdicciones. Sin embargo, el artículo 34 permite excepciones para derechos obtenidos antes de asumir el cargo, una regla que podría estar siendo aprovechada indebidamente.
Iván Prado, gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, subrayó que la administración del REINFO corresponde exclusivamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Sunat. Además, recordó que el Decreto Supremo 018-2027-EM regula la inscripción y supervisión de los procesos de formalización.
La persistencia de derechos activos o en proceso de formalización pone en duda la efectividad del sistema de control y fiscalización minera. Según expertos, este vacío legal podría fomentar irregularidades y conflictos de intereses, afectando la transparencia de la gestión pública en Caravelí.
El impacto de estas prácticas no solo afecta la gobernabilidad, sino que también genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las normativas ambientales y sociales que la minería formal debe respetar. Organizaciones locales han pedido mayor vigilancia para garantizar el respeto a la ley.
Falta fiscalización
La supervisión de las actividades mineras y la administración del REINFO se han convertido en temas prioritarios para evitar que las autoridades locales aprovechen vacíos legales en beneficio propio. Esto requiere un esfuerzo coordinado entre el Minem, las autoridades regionales y los órganos fiscalizadores.
La ciudadanía de Caravelí exige respuestas claras y sanciones ejemplares para quienes vulneren la normativa. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, estos casos refuerzan la necesidad de garantizar transparencia y evitar conflictos de intereses.
La situación de los alcaldes de Caravelí es un llamado de atención sobre los riesgos de permitir que autoridades políticas tengan vínculos activos con la minería informal. Una supervisión más estricta será clave para proteger los intereses de las comunidades afectadas y preservar la legalidad.
