El Poder Judicial desestimó la demanda de Patricia Benavides al considerar que la vía constitucional no era el mecanismo adecuado para impugnar su destitución. El juzgado determinó que este tipo de casos deben resolverse mediante el Proceso Contencioso Administrativo y no a través de un recurso de amparo. Con esta decisión, subrayó la importancia de respetar los marcos legales específicos para garantizar un debido proceso.
La resolución destacó que la JNJ llevó a cabo el procedimiento administrativo que culminó con la destitución de Benavides. Al tratarse de una competencia exclusiva de esta entidad, el tribunal decidió no intervenir en el caso, protegiendo la autonomía de los órganos supervisores.
Además, el tribunal argumentó que no existía una situación de urgencia que justificara el uso de una vía extraordinaria como el amparo. Benavides no presentó pruebas de daños irreparables ni evidenció la necesidad de una tutela urgente, lo que debilitó aún más su posición legal. Este análisis reafirma la postura de emplear medidas excepcionales únicamente en circunstancias verdaderamente graves.
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A pesar de este revés judicial, Patricia Benavides continúa con su lucha legal para recuperar el cargo del que fue destituida en octubre de 2023. Sin embargo, enfrenta la realidad de que Delia Espinoza ya ocupa la posición como fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027.
El fallo afecta no solo a Benavides, sino que también destaca el peso de los procesos institucionales y administrativos en el contexto político peruano. La resolución reafirma la necesidad de delimitar las competencias entre el Poder Judicial y la JNJ, evitando que los conflictos internos generen caos institucional.
Finalmente, este caso presenta un panorama complejo donde las decisiones judiciales están profundamente ligadas a investigaciones y controversias políticas. El rechazo a la demanda de Benavides simboliza los desafíos del sistema judicial peruano para mantener su independencia y transparencia frente a las presiones externas.
