En julio de 2018, la consultora Consulcont SAC, contratada por la empresa minera Aruntani, elaboró un peritaje que confirmó la responsabilidad parcial de la mina Florencia-Tucari en la contaminación de los ríos en Arequipa y Moquegua. Este estudio contradice las versiones que la empresa sostenía, pues atribuía el daño a causas naturales.
Según el informe, el 44.1 % de la contaminación en el río Margaritani proviene de infiltraciones y fugas de efluente ácido del botadero de la mina, mientras que el 55.9 % tiene un origen natural. Se presentó este peritaje durante el juicio oral, que concluyó con una sentencia de contaminación el 3 de septiembre de 2024.
Funcionarios implicados
El fallo judicial identificó como responsables a Eduardo Delgado Díaz, quien en 2017 se desempeñó como jefe de Planta, Superintendente de Planta y Superintendente General de la Unidad Minera Tucari, y a Abel Yurivilca Puchoc, entonces jefe de Medio Ambiente. Durante el proceso, el abogado defensor mostró correos electrónicos que demostraban el conocimiento de otros funcionarios y del directorio acerca de la contaminación.
Con esta evidencia, la defensa buscó demostrar que Delgado y Yurivilca no eran los únicos responsables del problema, y que la empresa, como entidad, estaba al tanto desde 2018. La minera no dio declaraciones. Pero, sí el abogado de la compañía, Omar Aguilar. Afirmó que el contenido del peritaje se debatirá en el juicio de apelación.
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Contaminación en zonas críticas
No obstante, el peritaje realizado por Consulcont SAC, encargado por la propia minera Aruntani SAC para determinar las fuentes de la contaminación ácida que afectan los cuerpos de agua de la zona, como Queullirijahuiri y Margaritani, revela que una parte de la contaminación tiene su origen en las actividades de la minera. Entre los hallazgos se destaca que el origen de la carga contaminante que descarga el río Margaritani ha sido estimado mediante balances metalúrgicos.
El peritaje también identificó otros puntos críticos de contaminación. En la quebrada Margaritani, el 26.2 % de la carga contaminante se atribuye a la operación minera. Mientras que el 73.8 % tiene un origen natural. En contraste, en la quebrada Apostoloni, el 81.1 % de la carga metálica y ácida proviene de las actividades de la minera.
El estudio señala que el arsénico, cobre y zinc son los principales metales detectados en las aguas contaminadas. Estos hallazgos desvirtúan las afirmaciones de Aruntani, que atribuía el problema a “características geológicas de la zona, cuyos efectos se ven amplificados por la presencia de más de 40 fuentes termales a lo largo del río Titire».
Soluciones propuestas
En 2018, el informe recomendó construir una planta de tratamiento para mitigar la contaminación del río Margaritani. Además, sugirió que cada parte asuma los costos de acuerdo con su porcentaje de responsabilidad. El Estado cubriría la contaminación natural y la empresa, la ocasionada por sus operaciones.
Entre las conclusiones, el documento destaca que la percepción pública considera a Aruntani como responsable del 100% de la contaminación. Sin embargo, determinar las responsabilidades exactas tomaría muchos años, peritajes y recursos económicos.
Cierre definitivo
El 15 de diciembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficializó el cierre definitivo de la mina Florencia-Tucari, ubicada en Moquegua. El Ministerio adoptó esta decisión tras una Mesa de Diálogo entre el Ejecutivo y autoridades locales, en respuesta a la contaminación de la cuenca del río Coralaque.
La Resolución Ministerial Nº 458-2024-MINEM/DM dispone implementar acciones inmediatas para mitigar, remediar y recuperar el área afectada. Además, faculta al Viceministerio de Minas a gestionar convenios y asignar los recursos necesarios para ejecutar el cierre.
La contaminación, la cual se considera grave afecta de manera diaria la ecología, así como la actividad económica y la tranquilidad de las comunidades aguas abajo. La empresa desestimó su responsabilidad por años. Pero ahora el peritajese ha convertido en una prueba clave en los procesos judiciales que buscan determinar responsabilidades. Y garantizar la reparación ambiental en las zonas afectadas.
Con informarción de BAM NOTICIAS.
