El Congreso aprobó en primera votación el aumento de siete a nueve magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Pero no alcanzó los 87 votos necesarios para una reforma constitucional. Aunque 70 congresistas respaldaron la propuesta, el consenso entre bancadas no se concretó y ello detuvo su avance inmediato.
Esta propuesta genera críticas por sus posibles motivaciones políticas. Según la congresista Ruth Luque, sus promotores no buscan mejorar el sistema de justicia. Sino garantizar que el TC responda a los intereses de Fuerza Popular y sus aliados. Quienes impulsan estos cambios pretenden que entren en vigor al día siguiente de su aprobación, lo que evidencia prisa y poca transparencia.
Las bancadas de izquierda, como Juntos por el Perú y la Bancada Socialista, se opusieron a la reforma; mientras que Honor y Democracia se abstuvo, acciones que resultaron cruciales para frenar el avance de la norma. Sin embargo, la estrategia de Fuerza Popular no se detuvo: el congresista César Revilla presentó un pedido de reconsideración para insistir en la votación.
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Según investigaciones, Fuerza Popular persigue controlar el TC con el fin de evitar que su lideresa, Keiko Fujimori, enfrente consecuencias legales en el caso ‘Cócteles’. Este escenario enciende las alarmas sobre la politización del máximo órgano de interpretación constitucional del país.
Además, el dictamen incluyó una cláusula que permite al Congreso bicameral, a través del Senado, ratificar a los magistrados actuales. La congresista Elizabeth Medina propuso esta medida y Fernando Rospigliosi la respaldó, lo que profundiza las dudas sobre la independencia del TC ante los intereses legislativos.
Ahora, el Congreso enfrenta dos opciones: someter la reforma a referéndum o insistir en alcanzar los 87 votos necesarios antes del cierre de la legislatura el 15 de diciembre. Este fracaso es el segundo intento reciente del Pleno por modificar la Constitución, tras no lograr la aprobación de la reelección inmediata de autoridades regionales.
La discusión pone en juego la legitimidad del Congreso y del Tribunal Constitucional. Con una ciudadanía cada vez más crítica, la presión para garantizar una reforma transparente y despolitizada no deja espacio para maniobras cuestionables. El desenlace definirá no solo la composición de los magistrados del TC, sino también la confianza pública en el sistema político.
