La parlamentaria Elizabeth Medina pide la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa por un presunto fallo contra el Congreso.
Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) fueron denunciados por la legisladora Elizabeth Medina, acusados de actuar en contra de los intereses del Congreso en la demanda competencial sobre la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Medina solicita su inhabilitación por diez años, alegando irregularidades en la votación.
Los magistrados Luz Pacheco, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa declararon infundada la demanda del Congreso contra el Poder Judicial. Esta decisión dejó sin efecto la destitución de Aldo Vásquez e Inés Tello, miembros de la JNJ. Esto generó malestar en la mayoría parlamentaria, que buscaba ratificar su separación.
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La denuncia se fundamenta en una supuesta falta de quórum durante la votación, argumentando que coincide con lo sostenido por tres magistrados del TC —Pedro Hernández, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez— quienes abandonaron la sesión al no contar con los votos necesarios para favorecer al Congreso.
Sin embargo, el reglamento del Tribunal Constitucional establece que los magistrados no pueden abandonar las sesiones ni dejar de votar. Esta situación que podría implicar un incumplimiento normativo por parte de estos tres magistrados. Pese a ello, la denuncia se centra en los magistrados que respaldaron la resolución desfavorable al Congreso.
Este caso evidencia las tensiones entre el Congreso y las instituciones de justicia. El intento de destituir a magistrados del TC podría interpretarse como una medida para debilitar la autonomía del tribunal y consolidar el poder legislativo frente a otros órganos.
Analistas advierten que estas acciones politizan la labor del TC. Se debilita su rol como árbitro constitucional. Además, se cuestiona la imparcialidad de la denuncia presentada, dado que se enfoca en los magistrados que no respaldaron la postura del Congreso. Se ignora las posibles faltas de quienes sí lo hicieron.
Este enfrentamiento entre el Congreso y el TC podría tener repercusiones significativas en la estabilidad institucional del Perú, avivando el debate sobre el equilibrio de poderes y el respeto a la independencia de las entidades constitucionales.
