La negligencia en el manejo de la denuncia y el presunto aviso al sospechoso de feminicidio por parte de efectivos de la PNP desatan indignación pública y acciones legales.
La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte ha iniciado una investigación preliminar contra el comandante PNP Ronald Núñez y otros efectivos de la comisaría de Santa Luzmila por presunta omisión de actos funcionales. Según Elsa Torres, madre de Sheyla Cóndor, la Policía se negó a registrar su denuncia, a pesar de contar con información clave sobre la ubicación de su hija.
Además, los efectivos policiales enfrentan una investigación por presunto encubrimiento personal, ya que habrían advertido al suboficial Darwin Condori, principal sospechoso del crimen, sobre el hallazgo de los restos de Sheyla en su inmueble. Esta acusación agrava la percepción de negligencia y complicidad en un caso que evidencia serias fallas en los protocolos policiales.
El fiscal Alejandro León Castro ordenó una serie de diligencias, entre ellas, recibir la declaración de la denunciante, revisar registros policiales y obtener la ficha personal de los agentes involucrados. También se convocará al comandante Núñez para que rinda su testimonio.
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Piden reformas
Aarón Alemán, abogado de la familia de Sheyla, denunció públicamente que los oficiales de la comisaría se negaron a procesar la desaparición de la joven. A pesar de que las autoridades del Ministerio del Interior pidieron disculpas, el abogado enfatizó que deben implementarse acciones concretas para evitar que estos errores se repitan con otras víctimas.
Stefano Miranda, especialista en temas policiales, señaló que los agentes podrían enfrentar severas sanciones, ya que incumplieron las directivas establecidas en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1267, que obliga a la Policía a atender de inmediato denuncias de desaparición. Este incumplimiento, según Miranda, constituye una violación deliberada de los protocolos diseñados para proteger a la ciudadanía.
El caso Sheyla Cóndor evidencia serias deficiencias en el sistema de atención a víctimas y la necesidad urgente de reformar los protocolos policiales. Además de justicia para la víctima, el país demanda acciones concretas para evitar que más familias vivan tragedias similares. La confianza en las instituciones, tan desgastada, necesita ser reconstruida con medidas efectivas y respuestas rápidas.
