La Contraloría emitió 1244 alertas por situaciones adversas en actividades de gestión pública en la región Arequipa, durante el período de agosto a diciembre de 2024. Estas observaciones surgieron de 701 informes de control simultáneo realizados en entidades del gobierno nacional, regional y local. Esto con el objetivo de que los gestores adopten medidas correctivas y aseguren el cumplimiento de la finalidad pública.

Los sectores con mayor número de riesgos identificados fueron educación (166 alertas), transporte (143), salud (120), saneamiento (88) y ambiente (109).

A nivel del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), se registraron 213 situaciones adversas. De las cuales 56 han sido corregidas o están en proceso de serlo, mientras que 57 no han sido atendidas y 100 permanecen sin acciones. En el ámbito del gobierno nacional en la región, se emitieron 141 alertas. De estas 77 fueron corregidas o en proceso, 10 no atendidas, 48 sin acciones y 6 desestimadas. Por su parte, los gobiernos locales recibieron 890 notificaciones, de las cuales 210 han sido subsanadas o están en proceso. Además, 277 no han sido atendidas, 390 sin acciones y 13 desestimadas.

Control posterior

La Contraloría también emitió 197 informes mediante control posterior en Arequipa. Y se detectaron presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en 208 funcionarios y servidores públicos por irregularidades en el ejercicio de sus labores. Además, a través de 59 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, se identificó un perjuicio económico de S/ 10.1 millones.

En el marco del control previo, se elaboraron 11 informes sobre presupuestos adicionales de obra, servicios de supervisión y operaciones de endeudamiento.

Escenario nacional

A nivel nacional, la Contraloría General reportó 36 199 alertas por situaciones adversas en actividades de gestión pública. Principalmente en los sectores de educación (5582 alertas), transporte (3777), salud (3669), saneamiento (2671) y ambiente (2504). En este período también se emitieron 5042 informes de control posterior, identificando responsabilidades en 6047 funcionarios y detectando un perjuicio económico de S/ 478 millones.

Estos datos reflejan la magnitud de las observaciones en la gestión pública y subrayan la importancia de fortalecer la transparencia y la eficiencia en los distintos niveles de gobierno.

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