Los directores y funcionarios de Sedapar, con Marco Falconí y Yanet Montoya a la cabeza, alucinan que el Octavo Convenio firmado con Cerro Verde es una maravilla. Tanto así que el gobierno de José Jerí, dicen, los convocó hasta Lima para que lo firmen como ejemplo de la mejor gestión de una empresa de saneamiento en el país.
Sin embargo, la maravilla de convenio no tiene nota de prensa oficial, ni de Sedapar ni del gobierno nacional, ni del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hicimos la búsqueda por todos lados. Ni siquiera hay un anuncio en redes sociales ni por ningún lado. Consultado, el jefe de Imagen Institucional de Sedapar, Eernesto Delgado, señaló que no tiene foto de la firma del convenio.
¿Si este es tan conveniente y ejemplo para el país, porqué el gobierno central no lo está promocionando? ¿Porqué en Arequipa, los arequipeños no están proponiendo hacerles un monumento a los funcionarios que promovieron el convenio?
La respuesta es clara: No es ni maravilla ni nos conviene a los arequipeños.
Todo lo contrario. Luego de la conferencia de prensa llena de excusas para justificar el nefasto contrato, es claro para este medio que Montoya, Falconí y compañía han regalado los intereses de la ciudad. La propia Montoya aceptó que Cerro Verde no tiene otra opción que utilizar las aguas tratadas de La Enlozada. Incluso aseguró que no cree que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no le daría a la mina un permiso para el uso de las aguas crudas del río Chili, justamente a que todo ya está comprometido. Y la opción de usar aguas desalinizadas del mar resultaría más cara para la minera.
Aún así, con todas estas ventajas, Sedapar le entrega a Cerro Verde un contrato prácticamente indefinido y por una bicoca. ¿El pretexto? Según Montoya y Falconí, la velocidad de las inversiones. Cerro Verde invertirá 116 millones de dólares en cinco años, mientras que Sedapar, aseguran, no podría gastar las utilidades de cobrarle por el agua a la mina, en mucho tiempo. Esto debido a que la empresa de saneamiento no cuenta con capacidad técnica y prevé posibles actos de corrupción, al tratarse de una empresa pública, aseguran, no está exenta de este cáncer.
Que tal maravilla de excusas.
Finalmente, ¿será posible que la Contraloría, el Ministerio Público o la Procuraduría Anticorrupción hagan algo para al menos fiscalizar en un control posterior el contrato que ya se firmó? Si el contrato es tan sólido y conveniente para la ciudad, entonces seguro estas instituciones lo respaldarán. Ojalá que así sea. Ojalá que en unos 15 o 20 años no nos arrepintamos de haber permitido que Montoya y Falconi hagan lo que quisieran con los intereses de Arequipa.
