Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
En contextos mineros, la coordinación entre Estado, empresa y comunidad suele naufragar cuando cada actor llega a la mesa con premisas incompatibles sobre urgencia, forma y evidencia. La convocatoria municipal del 23 de septiembre de 2025 fijó fechas y horas para una exposición de necesidades con representantes sectoriales; la respuesta del 29 de septiembre de la minera Jinzhao condicionó su participación a prerrequisitos técnicos y de planificación pública. Ese cruce revela un nudo clásico: la comunidad busca reconocimiento y escucha inmediata. La empresa privilegia trazabilidad técnica, elegibilidad y sostenibilidad. Si la brecha no se administra, el costo reputacional y operativo puede escalar con rapidez, con impactos concretos para el distrito y para la operación.
Más que un conflicto abierto, se observa una situación de riesgo alto de escalamiento. Hay señales típicas de conflictividad latente: la percepción de exclusión en el diseño del Plan de Gestión Social empresarial, el requerimiento comunitario de presencia inmediata de directivos y una respuesta corporativa que posterga la asistencia hasta contar con insumos formales. No existe registro en los documentos citados de protestas o medidas de fuerza, pero sí una desalineación en el “cómo” y el “cuándo” del proceso de diálogo. En el mapa del ciclo de conflicto, el caso se ubica entre la tensión y la polarización incipiente.
Si la comunidad interpreta la postura empresarial como rechazo o dilación injustificada, podrían activarse efectos encadenados: primero, un deterioro de la confianza con narrativas de “falta de respeto” que circulan en medios locales y redes; luego, la desinstitucionalización del diálogo y la preferencia por espacios asamblearios fuera de la municipalidad; después, medidas de presión que van desde plantones y pintas hasta bloqueos puntuales de vías o accesos; finalmente, respuestas reactivas del Estado en clave de crisis, con mayores costos de transacción y menor probabilidad de soluciones sostenibles. A ello se suma la posible parálisis de compromisos: la empresa endurece criterios de elegibilidad social, la comunidad reduce su voluntad de co-crear y la desconfianza se institucionaliza. Nada de lo anterior es destino; es, simplemente, el curso frecuente cuando las partes confunden método con desinterés.
Lo que hoy existe es movilización organizativa: representantes elegidos, convocatoria formal y demanda de comparecencia de directivos. Ese escenario puede convertirse en un “levantamiento” si no se habilitan canales visibles de escucha y tareas verificables en plazos razonables. La clave es transformar la urgencia social en un proceso con etapas y entregables, sin renunciar a la exigencia técnica. Por ello, resulta útil aceptar una sesión técnica corta en la fecha convocada, con agenda cerrada para acordar únicamente metodología, cronograma y responsables como señal de respeto a la autoridad local y a los voceros sociales. Adherir principios de trato que aseguren respeto, no estigmatización, acceso equitativo a la palabra y garantizar transparencia mínima mediante un repositorio municipal con actas y presentaciones y un micrositio empresarial con criterios de inversión social.
Desde el plano técnico, la municipalidad y su equipo pueden consolidar en quince días un portafolio preliminar con fichas por proyecto que describan el problema público, la población objetivo, el alineamiento a planes distritales, el costo estimado, las alternativas, los riesgos de operación y la sostenibilidad. En paralelo, conviene delimitar competencias para distinguir iniciativas de responsabilidad estatal, proyectos cofinanciables y acciones de filantropía o valor compartido, evitando que el plan social sustituya funciones públicas. Una mesa técnica tripartita —municipalidad, empresa y sociedad civil, con un facilitador neutral— permitiría validar criterios, priorizar con puntajes públicos, elaborar prefichas con fuentes de financiamiento y cerrar con una hoja de acuerdos y un mecanismo de seguimiento. Con criterios claros como impacto directo, costo-efectividad, tiempo de puesta en marcha, riesgos, cofinanciamiento y sostenibilidad, la priorización gana legitimidad y reduce arbitrariedades. Solo después de esa validación debería firmarse un acuerdo marco con gobernanza, indicadores, cláusulas de transparencia, solución de controversias y revisión anual.
La conducción municipal, sin embargo, tampoco ayuda. La alcaldía ha privilegiado el efecto político de la citación urgente por encima de una preparación técnica mínima, y esa mezcla de prisa y simbolismo elevó la tensión sin acercar soluciones. Vocerías cambiantes, mensajes contradictorios y el afán por capitalizar la agenda en clave partidaria transmiten improvisación y restan credibilidad al proceso. En un distrito que necesita resultados verificables, la falta de manejo y tino político del alcalde erosiona la capacidad de la propia municipalidad para liderar un diálogo productivo. Si el gobierno local no ordena su estrategia, unifica vocerías y alinea la convocatoria con entregables técnicos y plazos claros, el proceso seguirá atrapado entre el ruido electoral y la desconfianza ciudadana, con costos crecientes para todos.
No hay un conflicto abierto, pero sí un punto de inflexión. La comunidad exige presencia y reconocimiento; la empresa demanda método y papeles. Ambos tienen razones atendibles, pero el territorio pierde si no se integran. La salida está en aceptar una reunión puente que ordene el proceso, construir un portafolio verificable, acotar competencias del Estado y blindar el diálogo con reglas claras, cronograma y transparencia. Si cada hito se documenta y se comunica, la urgencia social puede traducirse en resultados medibles en lugar de derivar en una espiral de desconfianza.
