La minería ilegal e informal no solo erosiona el medio ambiente: también golpea las arcas del Estado. Este año, el país dejará de recaudar más de 5 200 millones de soles en Impuesto a la Renta por esta actividad, la mitad correspondiente al canon minero que se transfiere a gobiernos regionales y locales. Regiones como Puno, Arequipa, Apurímac y Madre de Dios verán mermados sus ingresos, comprometiendo la construcción de colegios, hospitales y carreteras. Mientras tanto, miles de trabajadores siguen laborando en condiciones precarias y sin protección legal.
El impacto económico es contundente. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, Apurímac dejará de recibir 213 millones de soles en canon minero; Puno perderá 460 millones; Arequipa, 450 millones; Madre de Dios, 240 millones; La Libertad, 215 millones; y Ayacucho, 160 millones. El dinero evaporado por la evasión tributaria podría financiar decenas de colegios rurales, hospitales de mediana complejidad y obras de agua potable, hoy urgentes en estas zonas.
Detrás de los números, la minería ilegal e informal sostiene una estructura que mezcla opacidad financiera con abusos laborales. Trabajadores contratados para cavar socavones o manipular explosivos reciben sueldos sin beneficios, vacaciones ni aportes al sistema de pensiones. No hay seguros de salud ni de vida; si ocurre un accidente mortal, los dueños pactan compensaciones extrajudiciales para evitar sanciones penales. El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, denuncia que, bajo el discurso de defensa del pequeño minero, algunos operadores encubren redes que explotan a su propia gente.
La pérdida de recursos no solo frena el desarrollo, también alimenta otros problemas. La extracción ilegal, al operar fuera de los controles ambientales, degrada suelos, contamina ríos y fomenta la inseguridad ciudadana. En Madre de Dios, por ejemplo, el avance de campamentos informales está vinculado al incremento de delitos como trata de personas y contrabando. La ausencia del Estado en estas zonas facilita que el negocio se expanda sin freno.
Desde el Ejecutivo se plantea una revisión urgente de las normas laborales y ambientales aplicables a la pequeña minería y minería artesanal. El objetivo, asegura Montero, es cerrar la brecha entre formalidad y realidad, garantizando que quienes trabajan en el sector lo hagan con seguridad y derechos. Además, que los impuestos vuelvan a las regiones para convertirse en hospitales, escuelas y carreteras. Pero el desafío es político y económico: sin control efectivo y voluntad de fiscalizar, la minería ilegal seguirá drenando millones de soles del desarrollo regional.
