En San Martín, la expansión minera dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en un conflicto abierto. Más de 200 mil hectáreas han pasado a manos de empresas como Hannan Metals, que buscan cobre, oro y plata a costa de quebrar la tranquilidad rural y poner en jaque el agua y los bosques. Mientras la empresa acumula observaciones y resoluciones en su contra, las comunidades organizan una resistencia que ya trasciende lo local y se fortalece en cada nueva batalla legal y social.
Las tensiones no son nuevas, pero en el último año se intensificaron. El rechazo a la Declaración de Impacto Ambiental de Hannan Metals en septiembre de 2023 fue el primer golpe significativo, tras detectarse que no subsanó las observaciones técnicas presentadas por el SERFOR y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. A eso se sumó, en enero de 2024, una resolución del MINEM que le exigió cumplir compromisos ambientales asumidos con varias entidades. Sin embargo, en lugar de rectificar, la compañía ha optado por un estilo agresivo, enviando cartas notariales y procesos judiciales contra dirigentes, mientras divide a comunidades con pequeñas prebendas.
La presión no ha doblegado a las instituciones locales. El Gobierno Regional de San Martín negó la servidumbre solicitada por la minera sobre casi dos mil hectáreas en Tabalosos. El Ministerio de Cultura identificó hallazgos arqueológicos que podrían conectarse con el Gran Qhapaq Ñan, lo que exige mayor investigación antes de cualquier intervención. Y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales declaró improcedente la solicitud para usar terrenos eriazos estatales, sumando un obstáculo más a la ofensiva extractiva.
Mientras tanto, las organizaciones sociales han acelerado su articulación. Defensores del agua y bosques, líderes comunales y autoridades locales están construyendo una agenda única con tres ejes: blindar las fuentes hídricas de la cuenca del Huallaga, anular las concesiones metálicas y fortalecer una economía rural sostenible. La defensa incluye acciones legales, vigilancia ciudadana y promoción de actividades productivas que no depreden el territorio.
El trasfondo del conflicto revela un choque de modelos: uno que prioriza la extracción acelerada y otro que apuesta por la gestión comunitaria de los recursos. En San Martín, la resistencia no es solo un acto de protesta, sino una declaración de principios: el agua, los bosques y la tierra no son mercancía, son la base de la vida y la herencia que se quiere preservar para las próximas generaciones.
