Que tal prontuario. El cuadro de profesionales contratados por el gobernador lo componen investigados, denunciados e imputados por presuntos actos de corrupción. Muchos de ellos obran en investigaciones fiscales y otros en informes de Contraloría.
El cuadro de profesionales que el gobernador decía tener para conducir las riendas de la región Arequipa no es más que una utopía. Y es que la mayoría de sus gerentes registran denuncias o fueron incluidos en investigaciones por presuntos actos de corrupción. Rohel Sánchez tampoco es la excepción, pues en menos de dos años de gestión ya se hizo de un prontuario de acusaciones fiscales.
El mandamás de la región inició su administración con algunos gerentes “reciclados” de sus antecesores. Lo que es peor, designó a funcionarios que tenían problemas con la justicia y Contraloría. Muchos de ellos hoy se mantienen en sus puestos y otros, recientemente incorporados, siguen la misma línea de cuestionamientos.
Investigada por Contraloría
La flamante gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Norma Mamani Coila, registra dos investigaciones administrativas de parte de la unidad contralora que alcanzan, incluso, responsabilidad penal. La primera, según el informe N° 091-2019-CG-GCOC, está relacionado a su labor como funcionaria de la Municipalidad Distrital de Sachaca.
Sucede que la gerente de Sánchez, junto con otros 20 trabajadores del municipio, cometieron irregularidades. Esto en tres procesos de contratación de servicios para la actualización del impuesto predial de terrenos urbanos de la jurisdicción. De acuerdo a la auditoría realizada por el órgano de control, en el 2012, la municipalidad contrató servicios de forma extemporánea. Cuando los valores arancelarios ya habían sido actualizados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Luego, en 2014 y 2016, contrató nuevamente a la misma empresa que había incumplido en 2012. A pesar del cuestionamiento, aprobaron el servicio y se pagó sin que la municipalidad hiciera ninguna observación. En total, Mamani Coila y compañía ocasionaron un perjuicio de 502 mil 500 soles a la entidad.
En el segundo informe N° 926-2018-CG/GRAR-AC, se le atribuye responsabilidad administrativa por utilizar presupuesto para atender emergencias por rabia canina para otros fines. El hecho se registró en el 2016, cuando fungió como servidora de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.
Subgerente es una ‘joyita’
La designación de José Fabián Enríquez Mamani como subgerente de Ejecución y Liquidación de Proyectos del Gobierno Regional de Arequipa también ha generado una ola de controversia. Enríquez, fue nombrado por la gerente general Norma Mamani Coila tras la renuncia de Juan Normando Zeballos Alvarado. Es un funcionario cuestionado por una serie de denuncias anteriores de la Contraloría durante su paso por el Gobierno Regional de Puno. Las acusaciones abarcan desde modificaciones irregulares de contratos hasta la autorización de pagos indebidos.
Uno de los casos más graves se remonta al proyecto de instalación de un sistema de riego en Capachica, Puno. Allí el órgano de control señaló que la modificación de los términos de referencia y la adjudicación de una buena pro por S/384 mil no cumplieron los requisitos legales. Este proceso generó un perjuicio económico de S/229,500. Y Enríquez, como director ejecutivo de la entidad, fue responsabilizado por permitir estas irregularidades, afectando la transparencia y la correcta administración pública.
Además, en 2019, la Contraloría detectó un pago indebido de quinquenios a servidores del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, lo que supuso una pérdida de S/641,083.38 para el Estado. José Enríquez también estuvo involucrado en otro escándalo en 2022, cuando se descubrió un pago excesivo de incentivos laborales en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno. Esto por un monto de S/191,303.57, lo que incrementa el total de perjuicio económico bajo su gestión a más de S/1 millón. Incluso, la Contraloría lo sancionó en 2017 e inhabilitó por tres años, lo que resalta la seriedad de las acusaciones en su contra.
Pero estos son solo casos representativos, Revelación.pe accedió a la carpeta de investigaciones del funcionario. Se detalla un amplio archivo denuncias e imputaciones por peculado doloso y simple, colusión, negociación incompatible, omisión y rehusamiento de actos funcionales, usurpación agravada, malversación de fondos, violación de la libertad de trabajo, conducción en estado de ebriedad, violencia contra miembros de la PNP, agresiones en contra de mujeres, entre otros que suman más de 32 investigaciones.
Investigado por corrupción en Agricultura
Revelación.pe también evidenció que el gerente de Agricultura, Julio Herrera Ojeda, es investigado por el Ministerio Público, por el delito de colusión agravada. Según la carpeta fiscal, interfirió en tres procesos menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuando era subgerente de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.
En principio, habría concertado con dos operarios de maquinaria para contratarlos con montos sobrevalorados por servicios que no se cumplieron. Lo mismo pasó con una empresa que no respetó los términos de referencia. Y, por último, hizo firmar a sus trabajadores su asistencia a capacitaciones que nunca se realizaron. Por estás acusaciones se piden 7 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Otros denunciados
Vicente Raúl Zeballos y Zeballos, el nuevo gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa bajo la administración del gobernador Rohel Sánchez Sánchez, fue detenido el 29 de mayo de 2024 durante un operativo policial en la ciudad de Arequipa tras tener una requisitoria vigente. Aun así, Sánchez le otorgó su completa confianza.
Zeballos, de 52 años y de profesión ingeniero civil, tenía una requisitoria vigente por un proceso judicial en curso. Esta orden de captura estaba relacionada con el presunto delito contra la administración pública, específicamente por negociación incompatible cometida por funcionarios públicos. La búsqueda, se encontraba activa desde el 19 de diciembre de 2023 y con caducidad el 19 de junio de 2024.
Su homólogo, el gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, es investigado por organización criminal. Este figura entre los 40 acusados de la presunta organización “Los Elegantes del Sur”. Fueron los consejeros del Gobierno Regional de Cusco, quienes los acusaron de apropiarse de dinero del Estado, a través de pagos a capacitaciones y servicios que nunca se realizaron.
Un rosario de cuestionados
Casi nadie se salva. En agosto, este medio puso en evidencia una investigación que involucra al gerente de la Producción, David Fidel Vela Quico. Según la Fiscalía, el funcionario, el gobernador y su esposa habrían direccionado la contratación de un equipo de trabajadores que no cumplen el perfil. Todo para hacer una “caja chica” con el dinero del Estado.
Después de ser designado, Vela Quico contrató a un grupo de servidores que se encargarían de montar operativos dirigidos a pescadores de Camaná y Caravelí, realizando cobros indebidos. También habrían participado en proceso de Procompite direccionados.
La gerente de Trabajo y Promoción del Empleo, Catherine Rodriguez Torreblanca, también fue señalada tras ser cuestionada por contratar personal irregularmente. Primero, requirió los servicios de consultoría del hijo del congreso Alex Paredes, pese a que este se encuentra prohibido por la condición de su padre.
Después la funcionaria también pidió un aumento de sueldo de 6 mil 250 soles a 9 mil soles. El aval, en su momento, fue dejar el régimen 276 e ingresar a la plaza CAS confianza.
Lo mismo ocurrió con la gerente de Educación, Cecilia Jarita Padilla. También afronta una investigación a nivel del Ministerio Público. Se le acusa del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación de terceros. De acuerdo a la tesis fiscal, Jarita entregó 118 mil 875 soles que eran para los docentes del Subcafae al Sindicato Único de trabajadores de la Educación del Perú (Sutep).
También se le cuestionó porque tenía una deuda impaga en su sector. Es decir, le retribuyeron 29 mil soles por trece meses de servicio como docente, cuando se encontraba con licencia sin goce de haber. La deuda fue cancelada mucho tiempo después.
Rosalía Leoncia Loayza Aranzamendi es jefa de la Oficina de Supervisión de Inversión y Transferencias del GRA y criticada por orquestar una portátil virtual para el gobernador Rohel Sánchez. Por otro lado, a Ysolina Berroa Atencio, jefa de la Oficina de Administración, la acusan de contratar a sus “ahijados” en puestos clave y manejando presupuestales. Por último, la jefa de Tesorería, Virginia Bazan Peralta, trabaja de la mano con Diego Alonso Tejada Delgado, su yerno. Estos son los funcionarios de talla que propuso el gobernador Rohel Sánchez y que hoy nos gobiernan.
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