En una sesión marcada por tensiones y discursos cruzados, el Pleno del Congreso aprobó ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, decisión que chocó de frente con las advertencias del Ejecutivo y las preocupaciones sobre el impacto en la minería informal. Aunque la votación permitió alargar el proceso de formalización, el Parlamento rechazó reincorporar a los 50 mil mineros excluidos y otras disposiciones que buscaban flexibilizar aún más el sistema.
El debate dejó claro que la discusión sobre la minería artesanal e informal sigue fracturando a las bancadas. Desde la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa defendió la prórroga como una necesidad para no romper el proceso iniciado por miles de pequeños mineros que todavía intentan cumplir con los requisitos estatales. Alegó que frenar de golpe ese camino generaría impactos laborales y ambientales difíciles de contener. También recordó que el sector sostiene más de dos millones de empleos, un argumento que buscó cerrar filas en defensa de la ampliación.
Sin embargo, las resistencias no cedieron. Legisladores como Diana Gonzales alertaron que estirar los plazos podría convertirse en un salvavidas para quienes operan al margen de las normas. Señaló que, tras la exclusión de miles de mineros, la recaudación tributaria aumentó en cientos de millones de soles, una cifra que usó para cuestionar la vuelta a un esquema más permisivo. Otros congresistas, desde diversas orillas políticas, reclamaron que el dictamen no ataca el núcleo del problema y que solo vuelve a patear una crisis que el país arrastra desde hace años.
El Pleno también enterró otros intentos de suavizar reglas. No prosperaron las propuestas para reincorporar a los mineros retirados, ni la continuidad de trámites pendientes, ni la suspensión de los procesos de exclusión. Tampoco avanzaron los esfuerzos por insertar cambios adicionales en el dictamen, como restricciones ambientales más estrictas o ajustes técnicos. Con esos rechazos, el Congreso mantuvo un equilibrio frágil: dar más tiempo, pero sin reabrir puertas que habían sido cerradas en gestiones previas.
Mientras tanto, el Ejecutivo dejó clara su distancia. El premier Ernesto Álvarez llegó al Parlamento con una postura firme: la ampliación debía limitarse a un año y evitar cualquier retorno de quienes ya habían quedado fuera del Reinfo. También advirtió que la flexibilización puede seguir siendo utilizada como cobertura para operaciones ilegales, especialmente en regiones golpeadas por la minería clandestina. Sus propuestas buscaban acotar la fiscalización y establecer nuevas obligaciones laborales, aunque no lograron detener la aprobación inicial. La segunda votación, prevista en una semana, definirá si esta prórroga se convierte en ley.
