Un enfrentamiento armado entre mineros de dos cooperativas rivales en la localidad de Yani, al norte de La Paz, Bolivia, dejó al menos seis muertos, viviendas destruidas y a la población sin suministro eléctrico. La disputa se desató en la madrugada del jueves por el control de una mina de oro, según informó la policía boliviana.
El coronel Gunther Agudo, de la Policía Nacional, confirmó que la explosión de un artefacto detonó el conflicto, agravando la tensión entre los mineros. En la zona operan varias cooperativas y mineros artesanales que, ante la falta de regulación, compiten ferozmente por los yacimientos. «Hay fallecidos y reportes de desaparecidos», señaló Jhony Silva, asesor jurídico de la cooperativa Ingenio RL, una de las involucradas en el conflicto.
La violencia minera en Bolivia ha ido en aumento en los últimos años. La ausencia de un control estatal efectivo ha permitido que las cooperativas operen de manera autónoma. Lo que ha generado constantes enfrentamientos por territorio, acceso a recursos y rutas de comercialización. Pese a la popularidad del modelo cooperativo desde la nacionalización de los recursos en la década de 1950, su falta de regulación ha derivado en una minería informal. Con condiciones laborales precarias y un impacto ambiental devastador.
Los conflictos entre mineros no son nuevos en Bolivia. En regiones como Potosí, Oruro y La Paz, la competencia por la explotación de minerales ha generado enfrentamientos violentos. En 2012, la mina de Colquiri fue escenario de una disputa entre cooperativistas y la empresa estatal Comibol, que terminó con varios muertos y heridos. De manera similar, en marzo de 2025, un operativo contra la minería ilegal en Llallagua, Potosí, desató un enfrentamiento entre mineros artesanales y fuerzas de seguridad, resultando en bloqueos de carreteras y protestas violentas.
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La crisis minera en Bolivia refleja un problema estructural que el Estado no ha logrado resolver. Mientras las cooperativas se expanden sin control y los grupos ilegales se apoderan de yacimientos. La violencia se convierte en un riesgo constante para los trabajadores y las comunidades cercanas. En el caso de Yani, las autoridades han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades, pero la falta de intervención oportuna deja en evidencia la fragilidad del sistema minero boliviano.
El gobierno boliviano enfrenta el reto de regular un sector donde la minería informal y los conflictos territoriales están fuera de control. Sin medidas urgentes para garantizar seguridad y supervisión, el país seguirá siendo escenario de disputas violentas que, como en Yani, pueden terminar en tragedia.
