El obispo de Puno, Jorge Carrión Pavlich, será llevado por la fuerza a declarar ante la Fiscalía de Lavado de Activos, tras haberse negado a comparecer en dos citaciones previas. La orden fue emitida en el marco de una investigación sobre una presunta red de corrupción dentro de la Iglesia, vinculada a la venta ilegal de bienes patrimoniales y manejos financieros irregulares.
El principal implicado en el caso es Alex Aníbal Cano Arce, canciller de la Diócesis de Puno, acusado de lavado de activos y peculado doloso. Cano, quien desempeñaba simultáneamente funciones como agente pastoral y oficial de inteligencia de la Policía Nacional, recibía sueldos tanto del Ministerio de Justicia como de la institución policial.
De acuerdo con la Fiscalía, Cano habría comercializado ilegalmente piezas de arte religioso, como cuadros de la escuela cusqueña, cálices, copones y otros objetos de valor hechos en oro y plata. Asimismo, se le atribuye la compra irregular de 300 hectáreas en Mazocruz, donde se sospecha la existencia de yacimientos de litio, además de su intervención irregular en la gestión de terrenos del Santuario de Cancharani, por lo que se sospecha de enriquecimiento ilícito.
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Las investigaciones revelan que la presunta red de corrupción operaba no solo en Puno, sino también en las diócesis de Huancané, Juli y Ayaviri. Por ello, han sido convocados a declarar los obispos Giovani Cefai, Ciro Quispe y Pedro Bustamante, con el fin de esclarecer el papel de Cano en esas jurisdicciones.
Intervención de Obispo
La Fiscalía considera que el obispo Jorge Carrión Pavlich permitió la administración irregular de bienes eclesiásticos sin exigir rendición de cuentas. Mientras se evalúa el daño patrimonial, que podría ser millonario, la Procuraduría del Estado ha guardado silencio, lo que ha generado críticas por su inacción ante la posible afectación al patrimonio cultural y religioso de Puno.
Con información de Caretas.
