Arequipa se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Shirley Villanueva D. (44), quien murió luego de someterse a una cirugía estética en un policlínico del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. El informe de la necropsia reveló 33 perforaciones internas: 12 en el flanco derecho, 17 en el dorsal derecho y 4 en el flanco izquierdo, además de laceraciones en órganos internos sólidos y un colapso pulmonar (atelectasia).
El procedimiento, identificado como una liposucción, se realizó en el establecimiento Quinta Tristán, autorizado por el municipio local como policlínico. Según declaraciones del abogado de la familia, César Cornejo, Shirley habría desistido de realizarse la intervención, pero los responsables se negaron a devolver los S/14 mil que había pagado, por lo que finalmente accedió a la operación.
Tras el procedimiento, Shirley presentó complicaciones graves y fue trasladada por los bomberos al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde llegó sin signos vitales. La doctora Bergie Hazel Dávila Salas (30), quien realizó la cirugía, fue detenida y está siendo investigada por el presunto delito de homicidio culposo. Sin embargo, el abogado de la familia afirma que el caso debería considerarse homicidio doloso debido a la falta de condiciones adecuadas en el establecimiento.
“La hija, de 17 años, firmó un documento de responsabilidad y los operadores del lugar lo aceptaron, lo cual es inadmisible”, denunció el abogado.
Investigación en curso
La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, liderada por el fiscal Jorge Minaurio Canahuire, ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido. Se han incautado la historia clínica de la víctima, inmovilizado el lugar de la intervención y se están recolectando declaraciones testimoniales.
La necropsia y los exámenes auxiliares se realizaron en la Unidad Médico Legal de Arequipa como parte de las diligencias iniciales.
Este caso ha puesto nuevamente en debate la regulación de los centros que ofrecen servicios de cirugía estética y la responsabilidad ética y legal de los profesionales involucrados. La familia exige justicia para Shirley y mayores controles para evitar que tragedias similares se repitan.
