Comisión de Constitución aprueba inhabilitación de diez años para sentenciados por delitos graves que atenten contra la democracia y el orden constitucional.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que prohíbe a personas con sentencia consentida o ejecutoriada por delitos graves acceder a cargos públicos durante diez años. La medida modifica los artículos 34-A, 39-A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución. El dictamen obtuvo 17 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Se espera que el Pleno apruebe la ley en la presente legislatura.
El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, explicó que esta norma apunta contras las personas que han atentado contra el sistema democrático del Estado y que se han rebelado para destruirlo. “Son delitos muy graves que atentan contra el sistema democrático y el orden constitucional”, afirmó.
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El dictamen abarca delitos contra la democracia como: rebelión, sedición y motín. De igual forma se consideraron: terrorismo, narcotráfico, traición a la patria y otros que afectan la seguridad nacional. Según el texto, las personas condenadas por estos crímenes, ya sea como autoras, cómplices o instigadoras, estarán inhabilitadas tanto para ejercer cargos de elección popular como para ser designadas como funcionarios públicos.
Rospigliosi enfatizó que la ley busca proteger el sistema democrático. “Lo que se entiende es que gente que quiere destruir la democracia no utilice la democracia para sus protervos fines”, señaló. La iniciativa precisa que la inhabilitación se aplica hasta diez años después de cumplida la sentencia. Se espera que se apruebe en el Pleno durante la presente legislatura. Y que sea ratificada en la siguiente, programada para marzo de 2025.
