Tanto el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Anticorrupción acusan a Julio César Herrera Ojeda por los delitos de Colusión Agravada y Negociación Incompatible. Ciudadanos enviaron carta al gobernador Rohel Sánchez pidiendo que lo destituya porque incluso ya está pronto su juicio oral.

El proceso penal seguido contra el actual gerente regional de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa, Julio Herrera Ojeda y compañía no es una simple denuncia. Y es que el Ministerio Público formalizó la acusación por el delito de colusión agravada y negociación incompatible para delinquir y solicitó 7 años de pena privativa de la libertad; mientras que la Procuraduría recomienda el pago de 114 mil soles por concepto de reparación civil. 

De acuerdo al expediente N° 10961-2019-14-0401-JR-PE-06 al que accedió Revelación.pe, el pedido realizado por el procurador anticorrupción, Mario Luna Ramos, se justifica en una daño patrimonial emergente y un daño extrapatrimonial cometido por los investigados en agravio del Estado. 

Reparación civil

Julio Herrera además tiene muchos anticuerpos en el sector Agricultura.

Las acusaciones contra el hoy funcionario de confianza de Rohel Sánchez surgieron en el año 2017. Según la denuncia, Ojeda en su calidad de subgerente de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero habría interferido en tres procesos de contratación de servicios menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) con fines de lucro. 

La tesis fiscal postula que concertó con Walter Rivera Ríos y Diana Carolina Tamayo Ballivian para pagar montos sobrevalorados por servicios de operación de maquinaria y capacitaciones. Y lo mismo pasó con la empresa Eprodesa EIRL, a quien le validaron los pagos pese a incumplir los términos de referencia (TDR). Por estos tres servicios se generó un perjuicio de 54 mil soles. 

En estos hechos fraudulentos habrían participado el exgerente de Administración Financiera, César Augusto Enríquez Gutiérrez; el exjefe de Unidad de Abastecimiento, Jesús Aurelio Meza Pantigoso; la asistente administrativa, Fiorella Juana Madueño Postigo y Julio Herrera Ojeda. Para ellos se solicita el pago 54 mil, monto que habrían defraudado a la comuna con estas contrataciones ilícitas. 

La Procuraduría también les atribuye un reembolso solidario de 30 mil por daño extrapatrimonial, con excepción de Julio Herrera, quien deberá abonar 10 mil soles por este mismo concepto. Además, los proveedores Walter Rivera Ríos y Diana Carolina Tamayo Ballivian no están exentos. Su pago por reparación civil asciende a 10 mil soles cada uno. 

Entran en juicio 

A Julio Herrera, Jesús Meza, César Enríquez y Fiorella Madueño les atribuyen la autoría del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible. Walter Rivera y Diana Tamayo son imputados de cómplices por la comisión de colusión agravada. Todos se encuentran con comparecencia simple y a puertas de afrontar su juicio oral. 

Esta es la citación para el inicio del juicio oral en contra de Herrera y compañía.

El Primer Juzgado Unipersonal Transitorio Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del juez Eddy Leva Cascamayta, dispuso el inicio del juicio oral para el año 2026, el mismo que iniciará el 9 de julio con la instalación diligente e inicio de declaraciones testimoniales y se prolongará hasta el 26 de agosto del mismo año. El Poder Judicial advierte que si los acusados son declarados contumaces, se girarán órdenes de captura en su contra. 

El Ministerio Público ha postulado una condena de 7 años de pena privativa de la libertad, por lo que los investigados podrían ser recluidos en el penal al tratarse de una condena efectiva, toda vez que se les declare culpables de los delitos de corrupción que se les imputen. En tanto, ya dispuso con anterioridad la incautación de los expedientes administrativos como proformas de los proveedores, informes del servicio, lista de participantes y demás pruebas. 

Piden su salida 

La investigación que pesa sobre el gerente Agricultora es grave. Eso ha llevado a pedir su destitución en el cargo. Sucede que un grupo de trabajadores amparados en la Ley N° 2954, Ley de Protección al denunciante en el Ámbito Administrativo y de Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal, remitieron una carta al gobernador Rohel Sánchez pidiendo el cese de sus funciones. 

“El Gerente Julio Herrera hoy denunciado ante el Juez del sexto juzgado de investigación sobre denuncias como es Colusión agravada y otros (…) hoy como gerente desaparece la ética y el respeto a la persona y comienza hacer ingresar a personal sin tener ningún documento como es términos de referencia el perfil. Dicho funcionario contrata personal de su entorno para ocupar plazas en dichos proyectos, a lo que se pide de inmediato que la Contraloría General intervenga y se vera como dicho funcionario comete muchos errores”, se desprende.

You May Also Like

Acusan a jueza de favorecimiento en sentencias judiciales

La magistrada llevó al menos tres controversiales casos. Dos afectados denunciaron su afinidad con los demandados y la acusan de recibir sobornos. Por esto último, el Ministerio Público investiga a la jueza y a su hermana.

El grupo de troles del Gobierno Regional de Arequipa

En un grupo de Whatsapp donde están los guardianes que laboran en obras que ejecuta el gobierno regional, se comparten publicaciones periodísticas y del GRA. El objetivo es que compartan, comenten y apoyen la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Y que envíen evidencias.

Cuñada del gobernador Rohel Sánchez labora en el GRA

Maira Paz tiene una hija y convive con Adin Sánchez, hermano del gobernador. Desde marzo del año pasado labora en la sede central del gobierno regional e incluso ya está bajo planillas. Todos los días Adín la lleva en su camioneta hasta la puerta de la sede regional. Por esto, Rohel Sánchez podría afrontar denuncias fiscales por abuso de autoridad, conflicto de intereses o hasta omisión de funciones.

El Papa expulsa del Sodalicio a prorrector y a capellán de la U. San Pablo

El Papa Francisco expulsó a Miguel Salazar y Rafael Ísmodes del Sodalicio por abusos graves. Ambos eran figuras clave en la Universidad Católica San Pablo, lo que genera interrogantes sobre su futuro institucional.