Boluarte apenas registra un 4 % de aprobación, mientras que el 92 % desaprueba su gestión. El resto de los encuestados (4 %) no precisó su opinión. Esta tendencia negativa también afecta al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con una aprobación del 7 % y una desaprobación del 77 %.
La última encuesta de Ipsos, realizada para un canal de televisión, revela una profunda caída en la aprobación de la presidenta Dina Boluarte, así como una fuerte desaprobación hacia otras autoridades del gobierno y el Congreso.
El estudio, realizado entre el 10 y 11 de octubre, muestra que solo un 4 % de los encuestados aprueba la gestión de Boluarte, mientras que un abrumador 92 % la desaprueba. Un 4 % no precisa su opinión. Esta cifra marca uno de los niveles más bajos de apoyo para la mandataria desde su asunción.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también registra bajos niveles de aprobación, con solo un 7 %. La desaprobación hacia él alcanza el 77 %, y un 16 % de los encuestados no emite opinión. La creciente inseguridad en el país podría estar afectando su imagen pública.
En cuanto al Congreso de la República, la desaprobación es prácticamente unánime, con un 88 %. Apenas un 6 % de los encuestados aprueba el desempeño de los legisladores, mientras que un 6 % no precisa su opinión. Estos resultados reflejan el descontento generalizado hacia el Poder Legislativo.
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La encuesta también indagó sobre la nueva Ley del Crimen Organizado. El 44 % de los encuestados conoce sobre la ley, mientras que el 55 % no está familiarizado con ella. A pesar de su reciente aprobación, la mayoría de los ciudadanos parece no confiar en su efectividad.
Un 87 % considera que la ley, que modifica la definición de crimen organizado, entorpece el trabajo de la Policía y fiscales en su lucha contra el crimen. Solo un 11 % cree que la norma es una herramienta útil para combatir la delincuencia en el país.
Estos resultados subrayan el clima de desaprobación hacia las principales instituciones del país, lo que podría aumentar la presión sobre el gobierno para modificar su rumbo político y generar confianza en la población.