Con un índice de corrupción del 94 %, el Gobierno Regional de Arequipa se encuentra en el ojo de la tormenta. A pesar de los intentos de la actual gestión por desvincularse de los problemas heredados, proyectos abandonados y denuncias pendientes exponen una crisis de gestión y transparencia.
La Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa ocupa el segundo lugar en el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) de 2024, elaborado por la Contraloría General de la República. Lo más alarmante es que el índice de corrupción de esta entidad alcanza el 94 %, una cifra que solo se iguala con la unidad ejecutora de la Dirección Regional de Educación de Piura. Sí, leyó bien, 94 %.
Este análisis solo incluye las cifras de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales a nivel nacional, con el objetivo de ofrecer una perspectiva comparativa de la situación en relación a otros departamentos del país.
Los promedios del INCO se basan en dos dimensiones: inconducta funcional y corrupción. En la primera, se miden variables como negligencia y débil rendición de cuentas; en la segunda, se analiza el impacto en el presupuesto público, así como la identificación de intereses indebidos y abuso de funciones. Para ello, se evalúan las denuncias de corrupción; servicios de control posterior ejecutados; funcionarios con responsabilidades civiles, penales y administrativas; contrataciones irregulares de trabajadores y proveedores; y mala gestión de planillas, entre otros aspectos.
Todo mal, todo
Lo primero que hay que aclarar es que los datos proporcionados por la Contraloría corresponden al año 2023. Sin embargo, también incluyen información hasta mayo de 2024 y, en algunos casos, se remontan a 2021 o años anteriores.
Uno de los casos más llamativos, ya comentado en varios medios locales, es que hay 518 proyectos caducos o abandonados. Se considera un proyecto caduco cuando no se inicia la ejecución financiera dentro de los 3 años posteriores a su fecha de viabilidad. El Gobierno Regional dejó caducar 141 proyectos entre 2003 y 2021. En cuanto a los proyectos abandonados, se trata de aquellos cuyo presupuesto no se ejecuta durante dos años. En total, hay 377 proyectos abandonados que datan de 2006 a 2022. Entre proyectos caducos y abandonados, la inversión total estancada asciende a más de 1,732 millones de soles.
El Gobierno Regional de Arequipa emitió un comunicado asegurando que ninguna de estas inversiones corresponde a su gestión, lo cual es cierto o tal vez sea cuestión de esperar. Sin embargo, esto parece un intento de evadir responsabilidades. Al asumir la gestión, el gobernador toma control de todos los activos y pasivos del gobierno regional, por lo que este comunicado solo pone en evidencia su falta de responsabilidad y escasa voluntad para resolver los problemas de estos proyectos que afectan a la región.
No cumplen recomendaciones
La actual gestión tampoco puede evadir su responsabilidad en la aplicación de las recomendaciones para iniciar acciones legales, civiles y penales, contra malos funcionarios. De las 37 recomendaciones formuladas por la Contraloría, según el INCO, 16 siguen pendientes de implementación, de las cuales 13 corresponden al año 2023, es decir, a la gestión de Rohel Sánchez.
A esto se suman las 33 recomendaciones de la Contraloría que solicitaban al gobierno regional deslindar responsabilidades administrativas derivadas de sus informes de control. De estas, 20 siguen sin implementarse y 8 corresponden, también, a la actual gestión.
Llama la atención que los funcionarios del gobierno regional no declaran a sus parientes. Solo 3 lo hicieron durante 2023. De manera similar, otros ocho transparentaron su información bancaria.
Según la Contraloría, incluir esta información en las declaraciones juradas permite «transparentar sus intereses y facilitar, de este modo, la identificación y gestión oportuna de posibles conflictos de intereses que pudieran afectar el correcto desarrollo de la gestión». Además, 134 trabajadores ni siquiera presentaron sus declaraciones juradas.
Cuidado con los proveedores
La Contraloría también concluyó que en la actual gestión se contrataron 92 proveedores de alto riesgo. Estos empresarios obtuvieron adjudicaciones sin concurso público, es decir, contrataciones menores a las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Ellos no cumplieron con la entrega del servicio o producto final, en algunos contratos, pero trabajan con el Gobierno Regional de Arequipa. Este grupo riesgoso obtiene también contratos cuantiosos que podrían derivar en sobrevaloraciones.
A esto se suma que la Contraloría detectó que la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa gastó más de 291 millones de soles en procesos sin competencia, sin concurso público, lo que representa más del 10 % del presupuesto total de la entidad. Este es un indicador que ha sido señalado y evidenciado por la Contraloría para poner las alertas sobre este tipo de gasto.
De los 291 millones de soles mencionados, el órgano de control identificó que 35 millones corresponden a presuntos fraccionamientos mediante contrataciones sin proceso de selección (menores a 8 UIT). En otras palabras, debió convocarse a concurso público, pero se fraccionaron los contratos para presuntamente favorecer a ciertos proveedores. Todo ello también durante la gestión de Rohel Sánchez.
Por otro lado, durante 2023, la gestión contrató a 8 proveedores que tenían impedimentos por la Ley de Contrataciones del Estado. También se identificaron al menos otros 5 con parentesco o sociedad con funcionarios de la entidad.
Finalmente, el cálculo del perjuicio causado por la corrupción en Arequipa hasta 2023 supera los 7 mil 615 millones de soles, más del doble del presupuesto anual de la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa para el 2024.
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