Arturo Zea Manrique, jefe del OCI, presentó datos que ya habían sido revelados en julio de este año. Los informes incluyen inhabilitaciones de funcionarios y pérdidas económicas que suman 20 millones de soles en Arequipa.
El jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), Arturo Zea Manrique, sorprendió hoy al Consejo Regional de Arequipa al entregar información desactualizada sobre sanciones a funcionarios públicos. Los datos presentados por Zea ya habían sido divulgados en julio, aunque desde la entidad señalaron que era una rendición de cuentas del primer semestre del año, no da buena muestra de la labor de la Contraloría en Arequipa.
Resumen del informe
Aunque esto no quita que se deba volver a resalta el trabajo. Entre los años 2023 y 2024, la Contraloría General de la República inhabilitó a 26 funcionarios y servidores públicos en Arequipa, quienes estaban vinculados a diversas entidades, como la Gerencia Regional de Salud, el Colegio Militar y la Gerencia Regional de Agricultura. Además, municipalidades como las de Arequipa, Caravelí, Uchumayo y Yura también registraron personal sancionado por generar perjuicios económicos al Estado.
Durante el primer semestre de 2024, la Contraloría identificó presuntas responsabilidades administrativas en 85 funcionarios adicionales. Otros 84 trabajadores enfrentan responsabilidades civiles y 62, responsabilidades penales. Además, 54 trabajadores están bajo Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), lo que podría llevar a su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Casos resaltantes
Uno de los casos más graves reportados fue el de la Municipalidad Distrital de Yanaquihua, donde se detectó un perjuicio de más de 2 millones de soles. Siete funcionarios están bajo investigación por la inaplicación de penalidades en la ampliación de plazos y la recepción de una obra defectuosa en la represa Soccllahuire, en la provincia de Condesuyos.
También destacó el caso del complejo deportivo construido en la faja marginal del río Chalca, en el distrito de Choco, provincia de Castilla. A pesar de las advertencias sobre los riesgos de desastres naturales, se aprobó el expediente técnico, generando una pérdida de más de 622 mil soles para el Estado.
Finalmente, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) sufrió un perjuicio de más de 1 millón 198 mil soles al otorgar la buena pro del proyecto de riego tecnificado en San Juan El Alto a un postor sin la experiencia requerida. Tres funcionarios fueron señalados con responsabilidad civil en este caso.
