Fiscales de Arequipa advierten que los proyectos de ley aprobados por el Congreso, que transfieren la investigación de delitos a la Policía Nacional, son inconstitucionales y representan un grave retroceso para el sistema de justicia peruano.
La Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa manifestó su rechazo a la modificatoria del Código Procesal Penal, que le otorga facultades investigativas a la Policía Nacional del Perú. Los fiscales sostienen que las recientes modificaciones aprobadas en segunda votación por el Congreso de la República violan los artículos 158 y 159 de la Constitución Política.
El pronunciamiento de los fiscales, firmado por nueve miembros del Ministerio Público, advierte que esta reforma desnaturalizaría el sistema penal acusatorio implementado en 2004. Sostienen que el sistema judicial peruano retrocedería hacia un modelo inquisitivo, lo cual afectaría las reformas judiciales emprendidas durante dos décadas. Este cambio también comprometería los recursos públicos invertidos en la reforma y desestabilizaría el funcionamiento judicial.
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Según su pronunciamiento, estas modificaciones podrían generar serios riesgos en la legitimidad de las investigaciones, afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El documento también subraya que esta reforma afectaría gravemente el Estado Constitucional de Derecho y las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los fiscales recuerdan que el Ministerio Público es garante de los derechos de los ciudadanos. La institución tiene la responsabilidad de recopilar pruebas de manera objetiva, proceso que se vería afectado por este cambio normativo.
En su pronunciamiento, los fiscales expresan su respaldo al Fiscal de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos. Señalan su preocupación por la eventual promulgación de la ley. Los fiscales también anunciaron que tomarán las acciones legales necesarias para defender el orden constitucional. Consideran que la norma vulnera el principio de legalidad y la correcta administración de justicia.
El pronunciamiento destaca que estas modificaciones legales socavan la estabilidad del sistema de justicia y ponen en peligro el proyecto de vida de la población.
