En un caso que evidencia graves irregularidades en la administración pública, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) realizó compras directas de rollizos de eucalipto para el proyecto de instalación de malla ganadera en el canal Pañe – Sumbay, evadiendo procesos de selección y fraccionando adquisiciones para evitar controles. Este procedimiento no solo violó la Ley de Contrataciones del Estado, sino que también comprometió la transparencia y competitividad en la gestión de recursos públicos.
El proyecto, destinado a mejorar la seguridad de los pobladores de San Antonio de Chuca, Caylloma, buscaba evitar accidentes como caídas de personas y animales al canal. Sin embargo, la ejecución del mismo estuvo marcada por una serie de irregularidades. Las mismas que han dejado el proyecto sin recepción final y con observaciones técnicas pendientes.
Adquisiciones irregulares
En 2021, la entidad consignó la adquisición de 5,398 rollizos de eucalipto mediante un proceso de selección. Pero en 2022 optó por compras directas a la empresa Maderera El Bosque II, por un monto total de S/ 45,428. Estas compras, fraccionadas en dos pedidos, superaron las 9 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), lo que está prohibido por el Decreto de Urgencia n.° 016-2022. Este fraccionamiento permitió evadir los controles establecidos para contrataciones mayores.
Los rollizos, destinados a la instalación de postes de soporte para la malla ganadera, fueron adquiridos sin una justificación técnica clara y sin garantizar la competencia entre proveedores. Además, la documentación revisada muestra que solo un proveedor presentó cotización, lo que limita la transparencia y competitividad del proceso.
Falta de control
La ejecución del proyecto estuvo a cargo de Néstor Catacora Chura, responsable técnico, y Juan Carlos Begazo Béjar, inspector técnico. Ambos fueron contratados mediante órdenes de servicio por un total de S/ 29,700. Sin embargo, los entregables presentados no cumplieron con los términos de referencia establecidos. Entre las omisiones más graves se encuentran la falta de planos de replanteo y metrados post-construcción. Documentos esenciales para verificar la correcta ejecución de los trabajos.
Pese a estas deficiencias, la entidad otorgó conformidad a los servicios y procedió con los pagos, lo que evidencia una falta de control en la supervisión del proyecto. Esta situación ha impedido que la Comisión de Verificación y Recepción finalice la recepción de la obra, dejando el proyecto en un limbo administrativo.
Observaciones técnicas
La Comisión de Verificación y Recepción, designada para supervisar el proyecto, ha enfrentado múltiples obstáculos. Desde la falta de documentación completa hasta la ausencia de los responsables técnicos en las inspecciones programadas, los problemas han sido recurrentes. En una inspección realizada en mayo de 2024, se detectó que más de 190 metros de malla ganadera no habían sido instalados, según lo establecido en los planos presentados.
Además, los responsables técnicos presentaron versiones contradictorias de los planos de replanteo, lo que generó confusión y dificultó la verificación de los trabajos ejecutados. Y esta falta de consistencia en la documentación ha sido uno de los principales motivos por los que el proyecto no ha sido recepcionado.
Consecuencias y responsabilidades
Las irregularidades en la adquisición de materiales y la ejecución del proyecto han dejado en evidencia fallas en la gestión de la entidad regional. La falta de transparencia en las compras, la omisión de procesos de selección y la ausencia de control en la supervisión técnica han comprometido la legalidad y eficiencia del proyecto.
Los funcionarios involucrados tienen una responsabilidad directa en estas irregularidades. Esto incluye al subgerente de Operación y Mantenimiento, Guillermo Yorel Noriega Aquise, y el gerente de Gestión de Recursos Hídricos, Juan Normando Zeballos Alvarado Sus acciones y omisiones han permitido que el proyecto se desarrolle fuera de los marcos legales y técnicos establecidos.
El caso del canal Pañe Sumbay es un ejemplo claro de cómo la falta de transparencia y control en la administración pública puede derivar en irregularidades que afectan la eficiencia y legalidad de los proyectos. La evasión de procesos de selección, el fraccionamiento de compras y la falta de supervisión técnica han dejado un proyecto inconcluso y sin recepción final. Perjudicando a los pobladores que deberían ser los principales beneficiarios.
