Casi terminando el año 2024, en diciembre, Luis Santoyo Chalco fue liberado por el Ministerio Público. Esto a pesar de las 16 denuncias por violación, robo y violencia familiar que pesaban en su contra. Su última víctima, una niña de apenas 16 años, había sido contactada por redes sociales. Santoyo terminó abusando de ella para finalmente abandonarla en las calles de la zona de Zamácola, en el distrito de Cerro Colorado. No sin antes amenazarla si contaba lo ocurrido. Solo después de una semana, pudo contar a su madre lo que había ocurrido. Hicieron la denuncia ante las autoridades, cuando el inescrupuloso volvió a contactar a la menor. Entonces se armó un operativo que terminó con la captura del varón en medio de un segundo intento de abuso.
Tras la detención de Santoyo, se esperaba que las autoridades de justicia cumplieran su rol. Es decir, que el violador sea procesado y sentenciado con una pena ejemplar. Sin embargo, La fiscal Cristal Velasquez Fernandez, del primer despacho de la tercera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, decidió liberar a Santoyo. El motivo, argumentó, es que no fue detenido en flagrancia y no había pruebas contundentes de amenaza contra la menor. En cambio, la fiscal decidió investigarlo por chantaje sexual. Un delito que fácilmente Santoyo podría amagar, pues apenas acarrea una pena de entre 2 a 4 años.
El caso, generó consternación en la población arequipeña e indignación en la familia de la menor. Pero es apenas una muestra de las injusticias de la justicia arequipeña, y de la falta de premura y diligencia de las autoridades para procesar a acusados de violación. Y es que, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en 2024 apenas 57 casos de delitos de violencia, que incluyen feminicidio y violación sexual, entre muchos otros, terminaron con una sentencia. La cifra es irrisoria, si tenemos en cuenta que en la región se han registrado 1036 casos de violación sexual, 6 feminicidios y, en fin, más de 16 mil casos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar.
La pregunta se cae de madura: ¿Qué están haciendo las autoridades de justicia y qué hacen el resto de instituciones convocadas para la lucha contra la violencia?
Números en frío
Los datos no cuentan las historias pero sí nos dan un panorama general de la situación de la violencia contra las mujeres —principalmente— y el resto de los miembros del grupo familiar.
En Arequipa las denuncias no han hecho más que aumentar año tras año. De acuerdo a las cifras del MIMP, en 2017 se registraron más de 9.500 casos de violencia. Y para el 2024 la cifra fue de 16.200. De esta forma la región del Misti se posiciona, tristemente, como la segunda región con más casos de violencia después de la capital Lima.
La mayor parte de los casos son de violencia familiar: golpes, malos tratos, hostigamiento, acoso, acoso laboral, violencia psicológica, violencia económica o violencia sexual. Casos que muchas veces escalan y llegan al extremo de la tentativa de feminicidio o la violación. Solo en 2024 se reportaron 10 tentativas de feminicidio y otros 6 feminicidios. Además de 1036 violaciones sexuales y 2511 casos de abuso sexual. Las principales víctimas, como siempre, son mujeres o menores de edad.
Violencia que va escalando
Rosalía O.Q. murió el 13 de julio del 2024 cuando su pareja, Edgar Ninasivincha Alcahuamán, le propinó un golpe en la cabeza con un objeto contundente luego de una discusión. Fue la última vez que Edgar abusó de la madre de sus dos hijos. Lo había hecho antes, según detallan las denuncias policiales que la mujer interpuso en contra de su esposo en 2020.
El problema, explicaron sus familiares en su momento, fue que la mujer nunca recibió el respaldo de las autoridades. No hubo orden de terapia psicológica para el varón o la madre de familia, ni resguardo policial, ni garantías para su vida. Las denuncias quedaron ahí, en el papel y no se movió un dedo para evitar el desenlace fatal.
“La legislación de protección contra la violencia está muy adelantada en Perú. Lo que pasa es que las autoridades que deben hacer su trabajo no lo hacen. Por ejemplo, va una víctima a dejar una denuncia y si no se la niegan, los policías empiezan a hacer comentarios como: ¿estás segura? Es tu esposo. No te va a dar para tus hijos. O que no se cumplan los plazos de ley porque los abogados utilizan el sistema para apelar e ir dilatando el proceso”, explica Erick Pumacayo Rocha, psicólogo y exdirector nacional de los Centros de Acogida Residencial (CAR).
El especialista explica que el principal obstáculo para las víctimas de violencias es que las autoridades no están debidamente capacitadas o son incompetentes. Muchas veces los policías no quieren recibir las denuncias por violencia por desconocimiento o porque presuponen que la mujer retirará la denuncia después o porque alegan que esa comisaría no es la de la jurisdicción del hogar de la persona violentada. Otras veces, los fiscales no realizan las diligencias debidas o liberan a los sospechosos por supuestas deficiencias en la intervención policial. Como pasó con el caso de Luis Santoyo.
La psicóloga y psicoterapeuta, Ruth Gallegos Esquivias, explica que la insensibilidad y el desgaste del personal encargado de recibir las denuncias es otro factor que no permite una adecuada atención de cada caso. “Hay un incremento de denuncias que sobrepasan la respuesta de las instituciones. Tienen que enfrentar diariamente el dolor, la impotencia, entre otras emociones que disminuyen la atención y contrariamente también la deshumanización”, añade.
Desgaste emocional y legal
Otro problema, apunta Erick Pumacayo, es cuando los casos llegan a investigarse en el Ministerio Público. “Si llegan al espacio de la investigación fiscal nos encontramos con más problemas. El principal es la sobrecarga de los casos que llegan, pues no se abastecen a la cantidad, aún cuando sean fiscalías especializadas. Solo en 2024 se han dado más de 16 mil casos de violencia. La violencia sexual son el 16 % de los casos (2500 casos). Y a esto ahora hay que sumarle que las facultades investigativas las tiene la Policía. Esto hace que los casos se vayan dilatando, por eso vemos que hay casos que se resuelven en 2 o 3 años. La razón por las que las víctimas no tienen justicia es la propia estructura del sistema”, explica.
Uno de esos casos desgastantes e interminables, es el de Yeneth C.V. Ella fue ultrajada por su pareja en setiembre del 2022. Puso la denuncia y el caso llegó hasta la Corte de Justicia de Arequipa, donde se dictaron medidas de restricción y terapias psicológicas. El fin era determinar el daño moral y mental de Yeneth.
La mujer acudió a su terapia y luego de terminarla estuvo confiada en que su caso podría resolverse rápidamente a su favor. Sin embargo, pasó algo inaudito y que ha terminado afectandola psicológicamente. Pero más aún en la conclusión de su proceso judicial. Y es que el puesto de salud de Miraflores, donde acudió a realizar sus terapias, perdió su historia clínica. Y no solo eso, su caso desapareció del sistema informático del centro médico. El caso fue denunciado ante la Policía, pero las autoridades de Salud no han dado una respuesta ni menos una solución que la ayude. Sin el diagnóstico psicológico, el caso ante el Poder Judicial corre peligro de caerse y su verdugo podría quedar libre y sin consecuencias.
Al respecto, Ruth Gallegos explica que el sistema de justicia juega en favor del delincuente, desgastando moral y jurídicamente a las víctimas. “Hablamos de procesos demasiado extensos debido al sistema de justicia no implementado en la real necesidad. Desgaste emocional de las presuntas víctimas que ante la revictimización, tiempo, dudas y cuestionamientos de los operadores de justicia terminan por menoscabar la voluntad y afrontamiento de estas. Profesionales poco sensibles y no comprometidos en la situación de violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes entre otros. La nula credibilidad al testimonio de las víctimas”, añade.
Todo esto, agrega la especialista, termina menoscabando la resistencia de las víctimas y deudos. Lo que en muchos casos termina con el desistimiento ante la impunidad. Y lo que es peor, esto genera un problema máyor: la tolerancia social frente a estos hechos de violencia.
Sino veamos la estadística de apenas 57 casos sentenciados en 2024. “Y esos casos vienen de hace varios años. Pocos son casos ocurridos en el 2024, porque demoran en resolverse. Los más de mil casos de violación, 6 feminicidios y miles de casos más de tentativa de feminicidio, acoso o hostigamientos, registrados el año pasado seguirán sin resolverse, porque así está diseñado el sistema”, apunta Erick Pumacayo.
Sin articulación institucional
Y esta impunidad se ve respaldada por la indiferencia de las autoridades, no solo de justicia, sino de todo el sistema de lucha contra la violencia. El mejor ejemplo de ello es la prácticamente inoperatividad del Observatorio Regional de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la región Arequipa. La organización fue reactivada por la gestión del gobernador Rohel Sánchez en abril del 2024, pero todo ha sido para la foto. El portal web está desactualizado y no contiene estadísticas de ninguna clase respecto a la situación de la violencia en la región. Los datos para este reportaje se tomaron del portal del MIMP.
La organización está compuesta por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, la Gerencia Regional de Educación, la Gerencia Regional de Salud, el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia, el Ministerio Público, el INEI, el Ministerio de Justicia, el Programa Nacional AURORA y la Defensoría del Pueblo. Pero en el portal no hay estadísticas de ninguna de estas entidades.
¿Por qué insistimos tanto en las cifras? Erick Pumacayo explica que los números son importantes. No solo para medir la magnitud del problema, sino también para plantear proyectos de lucha contra la violencia. “Con esa data, y otra complementaria como pobreza y desnutrición, por ejemplo, un alcalde podría plantear proyectos activos de lucha contra la violencia, como para el emprendimiento de las mujeres de la zona o brindar oportunidades de educación a las jóvenes que terminan el colegio. O el gobierno regional invertir en implementar en el mejoramiento de centro de salud para la atención psicológica de las mujeres. Pero como no son obras de fierro y cemento donde se dejan placas conmemorativas con su nombre, las autoridades no invierten en ello”, explica Pumacayo.
El especialista advierte la falta de interés de parte de las autoridades ejecutivas para mantener y comprometerse con la lucha contra la violencia. “En muchos casos este tipo de mesas solo sirven para la foto de inauguración. Solo ahí asiste el gobernador o la máxima autoridad local pero luego ya no se les ve. Cada vez que hay reuniones, porque se reúnen una vez al mes, no está el jefe de la microred de Salud, por ejemplo. O mandan a subordinados sin capacidad ejecutiva, de decisión. Esas reuniones solo sirven para llenar el acta y enviarla al ministerio para decir que están haciendo algo”, asevera Pumacayo.
Incoherencias del sistema
Y esto se nota. Pues al gobernador regional Rohel Sánchez solo se le ha visto en un pasacalle organizado el 25 de noviembre del 2024, supuestamente marchando por la lucha contra la violencia. Sin embargo, en 2024 su gestión apenas asignó S/ 2.5 millones para la reducción de la violencia contra la mujer. De los cuales, S/ 1.8 millones se fueron en pagos de personal y asesorías. Aunque no se conocen los resultados. Solo S/ 8.613 se gastaron para el tratamiento de traumas en niños y niñas abusados sexualmente; pero no para el tratamiento directo, sino para la compra de vehículos o maquinarias. Una burla.
Ruth Gallegos resalta esta incoherencia en las prioridades de las autoridades para la lucha contra la violencia. “Hablamos de una política de Estado no coherente, porque no prioriza la contratación de profesionales que prevengan y detecten oportunamente factores de riesgo para ser atendidos. Se requiere abordar el tema de la sexualidad de manera responsable en las instituciones educativas. Por otro lado tenemos padres de familia ajenos a las necesidades de sus hijos y tambien recordar que en el caso de violencia sexual a niños, niñas suele ser el agresor algun familiar o conocido. Es necesario educar a los padres también en relación a la sexualidad y promover la vinculación saludable en los entornos familiares”, puntualiza.
Esta labor recae en la base en el sistema Educativo y de Salud, pero también es transversal. Erick Pumacayo señala que son tres los niveles de articulación. Primero todo el sector público debe estar comprometido en el tratamiento de este problema. Primero en los colegios, cumpliendo la normativa mínima de tener un psicólogo por institución educativa y además realizar escuelas de padres donde se les explique la importancia de la lucha contra la violencia. Luego en las autoridades de justicia, dictando medidas de protección que se cumplan, aceptar todas las denuncias y acelerar los casos. “Incluso, la gerencia de Agricultura, por ejemplo, aunque se desentienda, puede hacer algo. Impulsando campañas de difusión en zonas rurales. Cada uno puede hacer lo suyo”, agrega.
Segundo, la articulación entre entidades no debe ser solo para la foto y sacar el reporte en el periódico. “La Fiscalía debe escuchar la molestia de los miembros del sistema de lucha, y en lugar de molestarse ofrecer soluciones. Y las entidades impulsar la participación de las autoridades ejecutivas de cada mesa de trabajo, para que se brinden soluciones adecuadas y realizables” dice Pumacato. “A esto hay que agregarle que se deben incrementar los presupuestos para un adecuado abordaje de la violencia”, señala Gallegos.
Finalmente, los medios de comunicación deben ofrecer espacios en los que se pueda publicar y difundir la norma, los cuidados que se deben tomar, con el fin de que la población esté educada en la lucha contra la violencia.
Todo esto debe apuntar a eliminar primero los estereotipos de que la violencia contra las mujeres es porque “ellas se lo buscaron” o “porque no se cuidaron”, como dicen la mayor parte de las personas en Arequipa, según el Sondeo de Percepciones Ciudadanas elaborado por el Observatorio de Medios de Calandria y Concortv. Y luego a incrementar el pensamiento de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Para finalmente, cultivar una sociedad con igualdad y oportunidades para todos.
Canales de ayuda
Si eres víctima de violencia contra la mujer o integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. Puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular, recuerda que atiende las 24 horas del día y los siete días de la semana.
También puedes acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Cuenta, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.
