El congresista Alex Paredes, del Bloque Magisterial, fue elegido como nuevo presidente de la Comisión de Ética del Congreso, generando polémica y críticas por su postura hacia los casos de "mochasueldos".
El congresista Alex Paredes, miembro de la bancada Bloque Magisterial, es el nuevo presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República. La decisión se tomó con 10 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, reemplazando en el cargo a Diego Bazán, de Renovación Popular.
La nueva mesa directiva de la Comisión de Ética quedó conformada también por la congresista Elizabeth Taipe, de Perú Libre, como vicepresidenta, y Nelcy Heidinger, de Alianza para el Progreso, en la secretaría. Estos cambios los propuso la legisladora Margot Palacios, quien no pertenece a ningún grupo parlamentario.
Diego Bazán, el presidente saliente, explicó que inicialmente solo se planeaba cambiar al secretario de la comisión. Sin embargo, tras una votación en la que se aprobó la recomposición de la Mesa Directiva con 9 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, se decidió reemplazar a toda la directiva.
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Al asumir su nuevo cargo, Alex Paredes agradeció la confianza depositada en él. Aseguró que los resultados de la Comisión de Ética serán producto de un esfuerzo colectivo. No obstante, decidió suspender la sesión sin evaluar los casos que estaban en agenda, señalando que necesita «tomar pleno conocimiento» de toda la información pendiente.
La elección de Paredes no estuvo exenta de controversias. El congresista no agrupado Carlos Anderson calificó la designación de Paredes como una “burla”. Argumentó que el nuevo presidente de la comisión es conocido por su “extrema bondad hacia los mochasueldos”, en referencia a los parlamentarios investigados por recortar sueldos a sus trabajadores.
Anderson expresó sus dudas sobre la gestión de Paredes. Afirma que tiene “cero expectativas” debido a lo que considera una actitud de “moral laxa” del congresista. Esto cobra relevancia, ya que varios legisladores enfrentan actualmente investigaciones fiscales por presuntos recortes de sueldos.
