Las investigaciones en contra de funcionarios que cometieron graves faltas e irregularidades no concluyeron. Estos Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) ingresaron al archivo sin sanciones

Nuevos cuestionamientos envuelven a la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Sucede que durante su gestión prescribieron más de 70 Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) contra funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que cometieron graves irregularidades y hasta presuntos actos de corrupción. Es decir, los involucrados quedaron limpios de polvo y paja.

Si bien existen procesos iniciados en las administraciones de los exgobernadores Elmer Cáceres Llica y Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, también hay otros casos que se perpetraron durante los últimos 20 meses. Y de igual forma concluyeron en archivo y sin sanciones para los responsables. Las investigaciones internas no tuvieron éxito, pese a que según la ley cuentan con un plazo de un año para emitir una sanción.

Hay una larga lista de más de 70 resoluciones que emite la gestión de Rohel Sánchez prescribiendo Procesos Administrativos Sancionadores.

Majes Siguas sin responsables

La situación del proyecto integral Majes Siguas es cada vez más crítica. Tal es así, que ahora el Gobierno Regional de Arequipa cedió la titularidad al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tras perder el arbitraje en ámbito nacional contra la empresa Cobra. Pero el problema se arrastra desde sus inicios con la suscripción de adendas millonarias que no garantizaron el avance de las obras. Estos responsables también libraron una sanción.

De acuerdo al expediente N° 3529-2023-GRA/ORH-STPAD, en el año 2023 se le aperturó un Proceso Administrativo Disciplinario a Napoleón Segundo Ocsa Flores, exgerente ejecutivo del proyecto Majes Siguas II que asumió el cargo entre el 30 de enero del 2019 al 4 de octubre del 2021. Y lo acompañaron Marcelo Alberto Córdova Monroy, exgerente ejecutivo del proyecto Majes Siguas II (2 de enero al 27 de octubre del 2019) y Fernando Jesús Vargas Melgar, exgerente ejecutivo de Autodema. Los dos primeros también investigados por el caso “Los hijos del cóndor”, en la gestión de Elmer Cáceres Llica.

Napoleón Ocsa fue funcionario en la gestión de Elmer Cáceres Llica.

El documento detalla que Autodema suscribió las adendas N° 1 y 2 durante ambos períodos para la supervisión especializada del contrato 1, que estipula la “concesión, construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hidráulico y de infraestructura para la irrigación Pampas de Siguas”. Sin embargo, estos adicionales contemplaban actividades que estaban comprendidas en el contrato inicial con la supervisora. El perjuicio económico asciende a 2 millones 114 mil 966 dólares

La primera adenda se formalizó durante la gestión del exgerente del proyecto Marcelo Córdova Monroy. El Gobierno Regional de Arequipa acordó pagar 2 millones 64 mil 376 dólares en cuatro cuotas. Los desembolsos se realizaron de acuerdo al cronograma. Ya en el 2020, bajo la administración de Napoleón Ocsa Flores, se firmó la segunda adición por 433 mil 154 dólares. Este abono se hizo efectivo en mayo del 2022. A través de ambas adendas se pagaron por servicios de supervisión que se encontraban incluidos en los términos de referencia del contrato original.

Otro caso que se cayó fueron las investigaciones contra Marcelo Córdova, exgerente de Autodema.

Por estas irregularidades el Gobierno Regional aperturó una investigación interna (PAD) para determinar responsabilidades en los tres funcionarios directamente vinculados. Sin embargo, este prescribió el 14 de octubre del 2023, sin atribuir penalizaciones. La resolución de prescripción N° 324-2024-GRA/GGR fue emitida el 24 de junio del 2024 y lleva la rúbrica de la gerente general Norma Mamani Coila.

Los mismos protagonistas en otra investigación

A Napoleón Segundo Ocsa Flores y Marcelo Alberto Córdova Monroy parece que la suerte les sonríe. En un segundo proceso investigatorio quedaron exonerados de toda culpa por una nueva prescripción. Según el informe N° 174-2024-GRA/ORH-STPAD, los dos exfuncionarios causaron un nuevo perjuicio económico al Gobierno Regional de Arequipa que supera los 236 mil soles.

Y es que el 30 de noviembre del 2018 Autodema suscribió un convenio de un año de asesoría y corretaje de seguros con la empresa “Corredores y Seguros SA”. Sin embargo, el 21 de febrero del 2019 se resolvió el contrato por decisión unilateral de la Autoridad Autónoma de Majes. Ello provocó que la concesionaria entablara un arbitraje de derechos ante la Cámara de Comercio de Industria de Arequipa.

El fallo fue favorable para “Corredores y Seguros SA” que obtuvo una indemnización de 236 mil 138 soles, así como 7.129 soles por derechos arbitrales. La pugna legal se llevó a cabo durante los períodos como gerentes de Napoleón Ocsa Flores y Marcelo Alberto Córdova Monroy, quienes no defendieron los derechos de Autodema, pese a que fueron notificados. Al igual que el caso anterior, la gerente Norma Mamani Coila declaró, mediante resolución N° 261-2024-GRA/GGR, la prescripción del Proceso Administrativo Disciplinario contra ambos funcionarios.

La pandemia de la corrupción

La amplia carpeta de procesos sancionadores prescritos en la gestión de Rohel Sánchez Sánchez también alcanza al exjefe del Área de Procesos y Adquisiciones del Gobierno Regional de Arequipa, Yino Fanez Paredes Bellido. Este era investigado por la presunta sobrevaloración y direccionamiento de las plantas generadoras de oxígeno para los establecimientos de salud de Camaná, Chala, Majes y Aplao durante la pandemia del Coronavirus.

La compra directa de estas plantas de oxígeno se concretó en medio de la meseta de la segunda ola de la pandemia. En octubre del 2020, el Gobierno Regional de Arequipa pagó la suma de 5 millones 242 mil 83 soles por estos equipos que no cumplían las especificaciones técnicas y tampoco se entregaron dentro de los plazos de urgencia que motivó su adquisición.

Exfuncionario de Cáceres Llica participó en la compra irregular de plantas de oxígeno.

El Gobierno Regional le otorgó la buena pro al único postor y esperó a que se haga la importación de los aparatos desde el extranjero, sin considerar a otros proveedores que tenían el aparato en el país. Además, la empresa contratista modificó las especificaciones de su oferta y redujo el tiempo de garantía de 36 a 12 meses sin que exista una causal de por medio. Todo ello generó una pérdida de 42 mil 152 soles de las arcas de la entidad.

Por estos hechos se halló una presunta responsabilidad penal y administrativa en 7 funcionarios y servidores públicos. Entre los involucrados se encuentran Yino Fanez Paredes Bellido, quien era investigado internamente. Las indagaciones en su contra no llegaron nunca a buen puerto. Después de expirar el tiempo de las diligencias, se declaró su prescripción el 24 de junio del 2024, través de la resolución N° 323-2024-GRA/GGR.

Sobrecosto del hospital Maritza Campos

Otra obra emblemática es la construcción del hospital Maritza Campos ubicado en el Cono Norte de Arequipa que comenzó a construirse con Yamila Osorio, pero su avance físico hasta el momento no supera el 60%. El gobernador regional Rohel Sánchez, en su momento afirmó que el retraso obedece a la mala elaboración del expediente técnico y de los funcionarios que estuvieron a cargo. Incluso se aperturaron procesos administrativos contra los profesionales.

Sin embargo, la gestión de Rohel Sánchez hizo prescribir estos procedimientos administrativos porque no se investigó el caso en el plazo establecido. En el expediente N° 136-2023-GRA/ORH-STPAD se señala que el proyecto tuvo 32 adicionales porque no se consideró una variedad de detalles en el expediente técnico con el que se mandó a licitación.

También las ampliaciones irregulares en el hospital Maritza Campos quedará impune.

Inicialmente estaba valuado en 134 millones 147 mil 970 soles, pero ya supera los 150 millones de soles. No obstante, el GRA estima que se utilice S7 4 millones adicionales para la elaboración del expediente de saldo de obra.

Las diligencias para sancionar a los responsables que aprobaron el expediente comenzaron a finales del año 2022, tras un receso procedimental por la pandemia del Coronavirus. Recientemente, el 9 de agosto del 2024, el Gobierno Regional de emitió la resolución N°272-2023-GRA/GGR que mandó al archivo el PAD aperturado contra los funcionarios y servidores públicos. Así como los anteriores casos expuestos en este informe, existen en el archivo más de 70 que prescribieron durante los últimos meses.

También puedes leer: Excandidato de Yo Arequipa presentó documento falso para ganar licitación en el GRA

No resuelven casos

Hace un mes el pleno del Consejo Regional solicitó un informe detallado sobre la situación de los Procesos Administrativos Disciplinarios. En respuesta, el secretario técnico PAD José Alarcón Lázaro adujo que estos casos no se concretan con sanciones debido a la falta de personal y sobrecarga de expedientes que datan de años anteriores.

“La Secretaría Técnica viene asumiendo la tramitación de todas la fases de los PAD’s. Lo cual recarga excesivamente sus labores impidiendo que se avoque a su función principal de precalificación de casos. Desde mi designación no ha prescrito ningún caso de ámbito funcional. Las prescripciones que viene declarando la Gerencia General constituyen declaratorias de hechos ya consumados con anterioridad”, se lee en el informe que enviaron a los consejeros.

El informe señala que actualmente cuentan con 10 abogados, 1 secretaria y 2 notificadores que resuelven 2034 casos pendientes. Advierte que de no requerir más trabajadores la carga generada en el presente año (2024) tendría que ser trabajada en el 2027 o 2028. Es decir, la brecha de hacinamiento supera los 3 años.

Secretario no asume responsabilidad

Revelación.pe se comunicó con José Alarcón Lázaro. Aunque inicialmente señaló que requería permiso del área de Recursos Humanos para emitir opinión, ante la insistencia se excusó en la falta de personal y la sobrecarga laboral. También dijo que desde su designación evalúan los expedientes de las gestiones anteriores, que en muchos casos ya prescribieron porque concluyeron los plazos previstos conforme a ley.

“Necesito una autorización de mi jefe inmediato para declarar. Nosotros hemos encontrado casos prescritos y nos hemos limitado a informar a la Gerencia para que emita la resolución de formalización. Hemos encontrado los expedientes caducados. A partir de mi designación estamos trabajando, yo no soy responsable de lo anterior”, declaró a este medio.ç

Consejero Linares pedirá sanciones a funcionarios que están dejando prescribir casos.

Al respecto, el consejero Miguel Ángel Linares Riveros advirtió que se podría configurar el delito de omisión de funciones. Existen expedientes que se archivaron en el 2023, sin que los funcionarios a cargo advirtieran la prescripción. Tampoco hicieron los trámites para que el proceso siga su curso.

“Los funcionarios responsables han omitido sus funciones. Pueden alegar falta de personal y logística, pero lo cierto es que no han cumplido con el debido proceso. Si encontramos responsabilidades vamos a denunciarlos. Estos casos no pueden quedar impunes”, advierte el parlamentario regional.

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