Además, la Contraloría advirtió deficiencias durante el proceso de licitación. Una de las más importantes es que no se estaba poniendo plazos ni penalidades en caso que la empresa no cumpla. También hubo hasta cuatro postergaciones en la etapa de consultas y observaciones a las bases administrativas del proceso de adjudicación.
La contratación del Consorcio Vial del Sur, liderado por la nefasta Obrainsa —miembro del Club de la Construcción— y otras dos empresas más pequeñas, parece irreversible. Y es que en un comunicado publicado por la gestión del gobernador Rohel Sánchez, se asegura que seleccionaron la oferta más baja mediante un proceso transparente, dando a entender que se firmará el contrato sí o sí.
Sin embargo, la Contraloría ya había publicado dos informes de hito de control respecto a la falta de transparencia, demoras en el proceso de selección y deficiencias en la implementación de los Términos de Referencia en cuanto a la aplicación de penalidades. Esto, advirtió la entidad contralora, podría provocar que no se cumplan los objetivos del proyecto; es decir, tener la carretera Cabrería en el tiempo que se ha propuesto y sin mayores retrasos y sobrecostos.
A esta advertencia podríamos añadir que desde el gobierno regional no dijeron que existe la posibilidad de que el costo de la obra podría encarecerse en el futuro, teniendo en cuenta los antecedentes de Obrainsa y de sus acompañantes EPCM Consulting SAC y Blue Horizon SAC. Aquí un resumen del historial de estas empresas en obras públicas.
Obrainsa debe S/ 15 millones
Actualmente, Obrainsa tiene una penalidad por pagar junto a Odebrecht por S/ 15 millones. Esto por la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Negromayo en la región Cusco. De acuerdo con el portal de Infobras, la construcción de la obra inició en agosto del 2015 con un presupuesto inicial de más de S/ 259 millones (unos US $ 79 millones de la época) y terminó costando más de US $ 12 millones más; o lo que es lo mismo alrededor de S/ 40 millones de sobrecosto.
En fin, debido al escándalo del Club de la Construcción y las sanciones a Obrainsa y Odebrecht en otros proyectos, la obra recién pudo ser culminada en octubre del 2022. Esto luego de que Provias Nacional asumiera el control de la obra y la terminara en medio del proceso arbitral que se seguía con Obrainsa y Odebrecht.
De acuerdo con el portal de Infobras, se le impuso al consorcio Negromayo, conformado por Odebrecht y Obrainsa una multa de S/ 15 millones por retrasos injustificados en la ejecución del proyecto y en el levantamiento de observaciones. La penalidad fue impuesta recién el 10 de junio de este año; mientras Obrainsa concursaba para hacerse con la obra de la carretera Cabrería.
Sanciones y penalidades de los socios
Los otros dos socios de Obrainsa no están limpios. La empresa EPCM Consulting SAC tiene una penalidad por más de S/ 1 millón, impuesta en noviembre del año pasado, por incumplimiento de obligaciones contractuales. Esto por el servicio de consultoría para los estudios de pre inversión de las carreteras Lima-Ica-Huancavelica y las carreteras Cusco-Madre de Dios y Cusco-Apurímac.
El proyecto tenía un presupuesto inicial de S/ 7.8 millones. Además la licitación la ganaron en agosto del 2019 y debieron tener listo el proyecto para marzo del 2020. Pero hasta la fecha no se tiene noticias sobre la entrega del expediente técnico que se necesitaba para la obra. Pues aún aparece en Ejecución en el sistema de SEACE.
Y la empresa Blue Horizon SAC tiene una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) que inició en agosto del 2021 y terminó en enero del 2021. El motivo, presentar documentación inexacta. El TCE encontró que Blue Horizon SAC presentó la Carta de Compromiso de Personal Clave proponiendo al ingeniero Alberto Antero Gonzales Effio como especialista de estructuras. Sin embargo, este ya tenía contrato indeterminado bajo el régimen 728 con FONCODES. Es decir, no podía laborar en otro lugar. El TCE determinó la sanción de cinco meses de inhabilitación para licitar con el Estado.
Deficiencias en licitación
A todo esto hay que añadirle que para el proceso de licitación para la obra de la carretera Cayma-Cabrería-Pampa Cañahuas, se publicaron dos informes de hito de control que advierten deficiencias. El primero con número 15410-2024 publicado en junio, advierte incongruencias en la asignación del valor referencial de la obra, así como en la determinación de plazos y penalidades. Esto, señala la Contraloría, podría provocar afectar el principio de transparencia del proceso.
Respecto a las incongruencias en el valor referencial de la obra, por ejemplo, se puso como tiempo de presencia al 100% del Jefe del Proyecto por sólo 3 meses, cuando el plazo de elaboración del expediente es por 120 días, es decir 4 meses. “Lo cual resulta incongruente, teniendo en cuenta que como responsable del estudio definitivo sería necesario contar con él durante todo el periodo de la elaboración el expediente técnico”, dice el texto de la entidad contralora.
También se encontró problemas en la suma de los Estudios Básicos de Carretera. “Se advierte del cuadro precedente, que el monto total de S/ 299 246,02 señalado en los TDR para el item “b. Estudios Básicos Carretera”, es incorrecto; debido a que la sumatoria de los valores de los sub totales, corresponde al monto total de S/ 339 836,97; resultando una diferencia por S/ 40 590,95 faltante en el presupuesto que incide en el monto del valor referencial para la elaboración del expediente técnico definitivo, y éste a su vez, incide en el monto total del valor referencial consignado en las bases administrativas”, dice el documento.
Plazos y penalidades
Y lo más grave es lo que se señala respecto a los plazos y la determinación de penalidades. Se encontró que en los TDR se señala que el plazo para presentar el expediente técnico definitivo es de 160 días calendarios. Esto es incongruente con el plazo de 120 días que se puso para la elaboración del expediente.
En cuanto a las penalidades: “En los numerales 6 y 9 para la aplicación de “Otras Penalidades”, se ha previsto los supuestos por demora en la presentación de los informes parciales y subsanación de observaciones de informes parciales, respectivamente; haciendo mención en ambos supuestos a los numeral 8.1.1 y 8.1.2; sin embargo, de la lectura al contenido de los TDR, no se advierte que se haya consignado dichos numerales ni su contenido”. Es decir, en caso de que la empresa presente demoras o deficiencias para el levantamiento de observaciones, no habría base legal para aplicarle una penalidad. Algo grave, teniendo en cuenta los antecedentes de Obrainsa.
Finalmente, otro informe de la Contraloría publicado en julio advirtió de la demora en la resolución de controversias respecto a las bases administrativas del proceso de licitación. De acuerdo a la norma el plazo para la absolución de consultas y observaciones, e integración de bases es de 5 días hábiles. Pero el comité de selección postergó esa etapa hasta en 4 oportunidades, fijándose como nuevas fechas para dicha absolución el 2, 16, 19 y 25 de julio de 2024.
Lo que más llama la atención es que, de las 77 consultas y observaciones registradas por 10 participantes, ninguna es de Obrainsa o sus socios. Es decir, o no tenían dudas sobre el proceso, o ya conocían lo que podría suceder respecto a este proceso de licitación.
