El reciente incremento en las plazas para ascender al grado de general en la Policía Nacional ha generado críticas, señalándose posibles favoritismos y afectaciones a la meritocracia.
El comandante general Víctor Zanabria aprobó, mediante resolución, la ampliación de 24 a 26 las vacantes para ascensos al grado de general de la Policía Nacional del Perú, lo que ha despertado cuestionamientos. La medida favorece principalmente a oficiales de áreas administrativas y deja en desventaja a quienes desempeñan funciones operativas, enfrentando mayores riesgos en el combate a la criminalidad.
Uno de los casos más polémicos es el del coronel Gustavo Pareja García, quien ascendió rápidamente en la lista de méritos tras la ampliación de las vacantes. Pareja, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por su presunta implicación en un caso de adquisiciones irregulares, es suegro del comandante Ismael Arroyo, un hombre de confianza del ministro del Interior, lo que alimenta sospechas de favoritismo.
La nueva ley del Congreso, que regula este proceso de ascensos, ha otorgado beneficios a oficiales de unidades administrativas mediante bonificaciones en el puntaje disciplinario. En contraste, cerca del 70% de los coroneles operativos, quienes acumulan sanciones menores inherentes a su labor en el campo, han visto reducida su puntuación, creando un desequilibrio en un sistema que debería promover la excelencia profesional.
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Críticas
Entre el 4 y el 6 de noviembre, las autoridades llevaron a cabo pruebas físicas y de conocimiento con el objetivo de garantizar imparcialidad. Sin embargo, la Corporación de Generales, encargada de evaluar las hojas de vida de los candidatos, ha recibido críticas por su manejo de las reglas y los cambios realizados durante el proceso, que parecen favorecer perfiles específicos.
Estas decisiones amenazan con erosionar la confianza en las instituciones policiales. La percepción de que los ascensos están influenciados por favoritismos no solo afecta la moral interna, sino también la relación de la Policía Nacional con la ciudadanía, en un momento en que la seguridad pública es una prioridad.
A pesar de las controversias, el proceso continúa, resaltando la urgencia de revisar y ajustar los mecanismos de evaluación para garantizar que los ascensos reflejen verdadera meritocracia. Es fundamental priorizar a quienes se encuentran en la primera línea de acción en lugar de beneficiar a quienes ocupan cargos administrativos.
