El Juzgado de Paz Letrado de Yura activó una respuesta judicial contundente frente al incumplimiento de obligaciones alimentarias. En una jornada excepcional, el juez Kledi Haíta Ayma ordenó la inscripción de 35 padres de familia en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y derivó otros casos al Ministerio Público para acciones penales.
La medida alcanzó a padres que no cumplieron con el depósito regular de las pensiones de alimentos. Tras la verificación de los expedientes, el despacho judicial dispuso su incorporación en el REDAM, un registro que expone públicamente a los deudores y limita su acceso a trámites financieros y administrativos. La decisión se tomó como parte de una producción jurisdiccional intensiva.
En paralelo, el magistrado remitió 18 oficios con copias certificadas al Ministerio Público. Estos documentos buscan que se evalúe el inicio de procesos por el presunto delito de omisión a la asistencia familiar. La remisión formal traslada el caso del ámbito civil al penal, reforzando el carácter coercitivo de la medida y elevando la presión legal sobre los responsables.
Desde el juzgado se recordó que el incumplimiento de las pensiones alimenticias no solo acarrea sanciones penales. La ley contempla también restricciones económicas y administrativas, diseñadas para proteger el interés superior del niño, la niña y el adolescente. La jornada fue posible gracias al trabajo coordinado del personal jurisdiccional, integrado por especialistas legales y asistentes judiciales, quienes respaldaron una actuación que busca convertir la norma en una herramienta efectiva de cumplimiento.
