El consejero regional César Huamantuma Alarcón anunció que evalúa iniciar acciones penales contra el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez. Esto por presuntamente entorpecer y obstruir la labor normativa y de fiscalización del Consejo Regional de Arequipa (CRA).
La advertencia surge tras la publicación, en el diario oficial El Peruano, de la Ordenanza Regional N.° 544-Arequipa, mediante la cual se modifica el Reglamento Interno del Consejo Regional (RIC). Dicha norma fue publicada por insistencia del pleno del CRA, luego de que el gobernador se negara reiteradamente a promulgarla.
Huamantuma explicó que, una vez aprobada la ordenanza por el CRA, ésta fue remitida al despacho del gobernador para su promulgación, conforme al procedimiento regular. Sin embargo, Rohel Sánchez observó inicialmente la norma y la devolvió al pleno para su corrección.
Tras levantar las observaciones formuladas por el Ejecutivo regional, el legislativo volvió a remitir la ordenanza para su firma y publicación. No obstante, el gobernador se negó nuevamente a promulgarla, incumpliendo los plazos establecidos por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ante esta negativa, el pleno, por unanimidad, envió directamente la ordenanza al Gobierno para su publicación. El propio texto publicado deja constancia expresa de la omisión del gobernador. “Déjese constancia que el gobernador no ha procedido a promulgar la presente norma dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”. Esto evidencia un acto de resistencia por parte del Ejecutivo regional.
Huamantuma sostuvo que la publicación de la ordenanza sin la firma del gobernador reafirma que el Consejo Regional tiene plenas facultades legislativas y que estas no pueden ser bloqueadas por decisiones políticas de Rohel Sánchez. Añadió que este precedente fortalece la autonomía del órgano fiscalizador.
Además, reveló que este no es un caso aislado, ya que existirían al menos otras siete ordenanzas regionales que el gobernador Rohel Sánchez se ha negado a promulgar. Esta conducta, advirtió, configuraría una obstrucción sistemática a la labor de fiscalización y normativa, motivo por el cual se vienen evaluando las acciones legales correspondientes.
