Un nuevo enfrentamiento armado en Pataz, que dejó tres muertos, volvió a desnudar los límites de la estrategia oficial contra la minería ilegal. Pese al estado de emergencia y al despliegue de fuerzas del orden, la violencia persiste. Para el analista Iván Arenas, la raíz del problema está en una intervención incompleta y sin especialización.
El choque ocurrido en la bocamina Papagayo, en el anexo de Vijus, se suma a una larga lista de episodios violentos que no logran ser contenidos por las medidas vigentes. Personal de seguridad de la Compañía Minera Poderosa halló los cuerpos tras escuchar disparos en una zona disputada por grupos ilegales. El escenario es recurrente: áreas mineras convertidas en territorios sin control efectivo, donde distintas facciones armadas compiten por el dominio del mineral.
Las cifras refuerzan esa percepción de fracaso. Solo en 2025 se han registrado 49 muertes vinculadas a la minería ilegal en Pataz, pese a que la provincia permanece bajo estado de emergencia desde hace casi dos años. El Comando Unificado, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía, ha logrado presencia, pero no resultados sostenibles. Según Iván Arenas, el problema es estructural: no existe un cuerpo policial ni militar especializado en el ingreso a socavones, lo que impide golpear el corazón de la actividad ilegal.
Esa limitación genera un efecto inmediato: el desplazamiento del delito. La presión en Pataz empuja a las organizaciones criminales hacia zonas como Quiruvilca, Huamachuco o incluso regiones vecinas como Cajamarca. Arenas describe este fenómeno como un corredor interconectado donde convergen minería ilegal y narcotráfico, articulado a lo largo del eje del río Marañón. Mientras el Estado actúe de manera focalizada, advierte, las redes seguirán operando. Sin control de la cadena productiva, sin fiscalización de plantas y sin liderazgo claro en la formalización, la estrategia seguirá siendo apenas una contención superficial.
