A pocos días de recordarse los 37 años del asesinato del periodista Hugo Bustíos, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, decidió intervenir en el caso. Esta vez presentó ante el Tribunal Constitucional un amicus curiae a favor del habeas corpus que busca liberar a Daniel Urresti, condenado a 12 años de prisión. La decisión encendió la indignación de la familia Bustíos. Estos denuncian un retroceso en la lucha por justicia y advierte que la Defensoría está actuando bajo motivos políticos.
La presentación del documento, de 23 páginas, llegó al Tribunal Constitucional el 20 de noviembre. Un giro inesperado dentro de un proceso que ha tomado más de tres décadas para esclarecer responsabilidades. El recurso sostiene que se habría vulnerado la cosa juzgada, pues antes ya fueron procesados el entonces jefe del Cuartel de Castropampa, Víctor La Vera Hernández, y el oficial Amador Vidal Sanbento por el crimen ocurrido el 24 de noviembre de 1988. El argumento central de la Defensoría apunta a que se habría emitido una segunda condena por los mismos hechos. Aunque omite que Vidal señaló directamente la participación de Urresti en el homicidio.
El recurso también cuestiona la tipificación del delito por el cual fue condenado el exministro del Interior. Mientras La Vera y Vidal recibieron sentencias por homicidio con gran crueldad, el caso de Urresti incluyó la agravante de alevosía y la consideración de un delito de lesa humanidad. La defensa del exfuncionario sostiene que esta calificación carece de sustento y que no se habría respetado el debido proceso durante el juicio que lo llevó a prisión. El documento plantea que existió una diferencia injustificada entre los procesamientos y, por ende, una vulneración del principio de igualdad ante la ley.
La familia de Hugo Bustíos rechazó la intervención del defensor del Pueblo, calificándola como una afrenta directa contra décadas de búsqueda de justicia. Su hija, Sharmelí Bustíos, expresó públicamente su indignación al considerar que la institución ha abandonado su misión constitucional para alinearse con intereses políticos. Recordó que el asesinato de su padre ocurrió en un contexto de violencia extrema, donde el ejercicio periodístico implicaba enfrentar violaciones sistemáticas de derechos humanos. Razón por la cual la calificación del delito ha sido ampliamente fundamentada en el proceso judicial.
Para Sharmelí Bustíos, pretender revertir la sentencia es desconocer la magnitud del crimen y el camino recorrido para lograr una condena. Insistió en que la responsabilidad de Urresti ha sido probada en el ámbito jurídico. Y reiteró que la familia mantendrá la lucha por preservar la memoria del periodista y la justicia alcanzada.
