El dictamen que extiende el Reinfo y reincorpora a decenas de miles de mineros excluidos avanza hacia el pleno del Congreso con respaldo multipartidario. La medida revive cuestionamientos sobre la efectividad del registro y sobre los intereses políticos que lo sostienen, justo cuando varios congresistas buscan asegurar su continuidad en las próximas elecciones.
Reinfo no funciona
La Comisión de Energía y Minas dio luz verde a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por dos años adicionales. Una decisión que también devuelve el acceso al programa a más de 50 mil mineros previamente retirados. El dictamen fue aprobado “con cargo a redacción”, es decir, sin que sus miembros revisaran una versión final del documento. Un hecho que aumentó la preocupación de especialistas y organizaciones ambientales.
A lo largo de casi una década, el Reinfo ha sido señalado por su incapacidad para cumplir su objetivo central: formalizar a los mineros informales. Las cifras oficiales muestran que apenas el 2,4% logró completar el proceso, mientras que una parte significativa del registro fue utilizada por operadores ilegales como una cobertura para continuar extrayendo oro sin controles. Pese a ello, el Congreso evalúa nuevamente prorrogar un mecanismo cuya eficacia ya fue puesta en duda.
La última ampliación, aprobada en julio, se presentó como una medida provisional mientras se avanzaba en la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala. Sin embargo, la prisa por prolongar el programa contrasta con el lento ritmo del nuevo marco normativo. Este desfase alimenta la percepción de que el Parlamento opta por una salida fácil mientras la minería ilegal sigue expandiéndose en regiones críticas como Madre de Dios, Puno y Arequipa.
Cálculo político
El comportamiento de los congresistas de Arequipa también llama la atención. En mayo, los seis representantes de la región votaron a favor de una ampliación previa del Reinfo, gesto interpretado como un intento de ganar simpatías en zonas donde la informalidad minera tiene alto impacto electoral. Para analistas, este tipo de decisiones evidencia una estrategia populista que prioriza la rentabilidad política antes que las soluciones estructurales.
En pleno año preelectoral, varios legisladores que respaldaron el Reinfo ya han revelado sus nuevas aspiraciones. María Agüero buscará un escaño como diputada; Diana Gonzáles evalúa repetir la fórmula en la Cámara Baja; Edwin Martínez apunta incluso a una candidatura presidencial. En paralelo, Esdras Medina figura como precandidato en Renovación Popular, Alex Paredes migró a Somos Perú para tentar una curul en el Senado y Jaime Quito intenta asegurar su continuidad en el Legislativo.
El escenario se torna más incierto porque el dictamen podría aprobarse sin mayor resistencia en el pleno. De ocurrir, el próximo gobierno deberá enfrentar las consecuencias de mantener un registro debilitado, usado recurrentemente por redes dedicadas al lavado de oro, la explotación laboral, la ocupación ilegal de territorios indígenas y la deforestación acelerada en zonas de alta biodiversidad. Los efectos colaterales ya se sienten en la seguridad ciudadana y en el avance del crimen organizado.
Mientras tanto, estudios como los del Centro Wiñaq reflejan una desconfianza creciente. Más del 70% de la ciudadanía considera que la minería ilegal influye negativamente en el Congreso y una proporción similar cree que algunos legisladores reciben apoyo económico de actividades ilícitas. Este contexto de sospecha pública podría agravar la percepción de que el Parlamento actúa más por interés político que por compromiso con la formalización y el control ambiental.
